El juez Ruz ha dictado apertura de juicio oral en la pieza principal del caso Gürtel (ya caso “PP”), seis años después de que aflorara la trama de corrupción más grave de la democracia asociada a un partido en el gobierno y después de confirmar lo acordado por auto de 26/11/2014. Hace dos años, Rajoy afirmaba: “no es una trama del PP, es una trama contra el PP”. Después se sucederían hechos como la eliminación de pruebas, mentiras parlamentarias y judiciales, separación de jueces, borrado de ordenadores, desaparición de libros de visitas… y últimamente la omisión de Hacienda ante la información requerida por Ruz. Todo ello adornado con frases tan cínicas como: “somos el partido que más ha luchado contra la corrupción”. Por “responsabilidad política” se entiende asumir como propios los errores de los subordinados, independientemente de la situación penal y tomar decisiones de separación política de quien los ha nombrado. En Europa se dimite por esto y en España José Borrell siguió esta pauta ética. Rajoy es el culpable del nombramiento de casi la mitad de los inculpados. Si tuviera valores éticos, dimitiría. Distingo entre culpa y sentencia, por creer que no hay suficiente independencia judicial para culpar a los acusados. Sabemos que la magistrada conservadora, Concepción Espejel, amiga de Cospedal, presidirá el juicio de la Gürtel, salvo inhibición o causa mayor. El juicio será a principios de 2016.
Además el “PP” tiene diez días para abonar 245.000 euros como fianza, acusado de recibir dinero de la corrupción y resulta también que Rajoy es su máximo representante. También se sentará Ana Mato a la que se pide una fianza de 28.467. Hay que unir que este caso tiene repercusiones muy importantes en Madrid, Valencia, Baleares, Andalucía, La Rioja… Sin duda es una corrupción con metástasis en toda España que seguirá ofreciendo sorpresas diarias.
Si miramos hacia atrás con el conocimiento que nos da la parte de la instrucción terminada se nos muestra un retrato de lo que son capaces los dirigentes del “PP”. En 2009, Cospedal aseguraba que todo era un montaje político de Rubalcaba (al que hoy alaba Rajoy) con la utilización de la policía a su servicio, así como la fiscalía. Como señalan fuentes jurídicas de Alerta digital, “resulta difícil concebir una actuación más inmoral que la de un abogado defensor defendiendo a unos defraudadores que le pagan en dinero negro. Además, de que es pura codicia ser cargo de un partido y cobrarle por llevar asuntos jurídicos”. Se refería a Federico Trillo, entonces portavoz de la Comisión de Justicia, quien figuraba en los papeles de Bárcenas como perceptor de pagos de 3.000 €, hasta un total de 36.000, y defensor oculto de Bárcenas. Como se ve, aún hay mucha más tela por cortar.
El “PP” ha dejado pasar todas las oportunidades para dar explicaciones y asumir las responsabilidades políticas con cambios que hoy se consideran necesarios. Sabemos que nadie es responsable penalmente hasta que no se dictan las sentencias definitivas. Tampoco cabe excluir vicios de procedimiento que alarguen la instrucción indefinidamente. Hay que considerar que los hechos se refieren a los años entre 1999 y 2005, y que otras piezas de investigación continúan su curso, lo que hace aún más numerosas las corrupciones del “PP”. Por todo ello necesitan imperiosamente seguir manejando los tiempos para salir indemnes. Las próximas elecciones son para muchos de ellos algo más que mantener el poder, pues se juegan abundantes pagos o cárcel.
Si añadimos la brecha social abierta, la destrucción del Estado de Bienestar, los incumplimientos y las pérdidas de libertad, resulta difícil entender que aún figuren primeros en las encuestas.
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