ATADO Y BIEN ATADO

   El 10 de abril de “1990” estallaba el caso Naseiro. El juez Luis Manglano detuvo al tesorero del “PP”, hombre de confianza de Manuel Fraga, y al concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop además de cuatro empresarios y un arquitecto. Después de declarar ante el juez todos salieron en libertad provisional sin fianza. Se les acusó de que cobraban una comisión del 2% a cambio de adjudicaciones de obras. Por esta razón pincharon los teléfonos de Naseiro y Palop, ambos tuvieron que presentar la dimisión. Las pesquisas se iniciaron tras unas cintas grabadas por la policía a instancias del Juez Manglano, en las quedaba claro el delito. Inexplicablemente el Supremo archivó el caso alegando que las pruebas obtenidas mediante grabaciones no eran válidas, pues “no era clara su legalidad”. También declararon nulas las pruebas evidentes contra Zaplana, amigo de Palop. Después han sido conocidos casos como Bankia, Brugal, CAM, Cooperación, Palma Arena, Rasputín, Salmón, Troya, Zamora, Plan Rabasa, Tarjetas Caja Madrid, Operación Púnica, Fabra y otros muchos más. Por último, el más conocido: el “Gürtel/ Bárcenas” con sus derivaciones. Algunos con sentencias y condenas. Como vemos la corrupción se inicia con Fraga, sigue con Aznar y se multiplica con Rajoy. Ahora la cúpula del “PP”, que no ha sido juzgada, está realizando cambios judiciales que les permita salir impunes de todo lo hecho en materia de corrupción, es decir, dejar su futuro “atado y bien atado”. 

   Las maquinaciones de Federico Trillo, la separación del juez Ruz de la instrucción o la separación de la carrera judicial del juez Garzón han conseguido retrasos, prescripciones y anulación de pruebas. Tal es el caso de la destrucción de documentos en registros de entrada y ordenadores, presuntamente realizadas por el “PP” en su sede, así como los informes del Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o los nombramientos del CGPJ y otros, suficientemente conocidos. Quieren “atar” un futuro en el que pueden perder el enorme poder actual. A ser posible cerrar todo en 2016.

    Para afrontarlo mejor, no sólo han buscado afines, sino también muy afines en el control de las instituciones jurídicas, especialmente las que tienen que ver con “Gürtel-Bárcenas”: así la nueva Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal, sustituye a Cándido Conde-Pompido; Carlos Lesmes pasó a presidente del TS y del CGPJ (encargado de hacer nombramientos o propuestas), sustituyendo a Gonzalo Moliner. Como más cercanos a las causas encontramos al nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena que sustituye a Juan Saavedra por jubilación; como magistrado formó parte del tribunal que expulsó a Garzón e instruye los casos de aforados (por ejemplo Chaves y Griñán) y es la última instancia en los casos penales (podría estar la “Gürtel”). Más cercanos a los problemas pueden ser: el nuevo presidente de la audiencia provincial de Valencia Fernando Rosas que en 2007 fue Consejero de Justicia y Administraciones Públicas con Camps; Francisco Javier Vieiras Morante, confirmado en el puesto de presidente de TSJ de Madrid, fue el magistrado que anuló parte de las escuchas de Gürtel… Nombramientos realizados con exquisita meticulosidad y oportunidad.  

   El inicio, casual, de esta estrategia se produce con el primer juicio sobre la rama valenciana de la Gürtel, a celebrar el pasado martes y suspendido el miércoles hasta el 11 de junio: “para garantizar al máximo el derecho de defensa de los acusados”. Razón dada por la presidenta, la conservadora Mª del Pilar Oliva Morrales. Curiosamente nombrada en 2010. Según algunos, se busca la nulidad del proceso. Una democracia que permite estos cambalaches, está cuestionando la raíz del Estado de Derecho.