Las normas medioambientales europeas han sido incumplidas sistemáticamente durante el mandato de Rajoy: Madrid y Barcelona han sido multadas por exceso de contaminación (mientras sus respectivos políticos siguen de brazos cruzados), ahora es el Gobierno el que ha sido expedientado debido a su pésima política energética, que no apoya las renovables. De hecho, pone trabas a la producción de energía solar.
No debe extrañar la decisión de la Comisión Europea después de que el Gobierno español decidiera cobrar “la generación de electricidad a partir del sol”. En realidad, España ni siquiera ha comunicado a Bruselas las medidas que va a llevar a cabo, para lograr el objetivo que tiene la Unión Europea de generar un 20% de la electricidad con renovables para 2020 y reducir así las emisiones de dióxido de carbono. El ataque del gobierno a las energías renovables ha desbancado a España de un campo en el que era líder, perdiendo multitud de empleos, investigación, dinero y prestigio internacional. La APPA (Asociación Empresarios Energías Renovables) nos dice que entre 2005 y 2011 las renovables recibieron en forma de primas 20.870 millones de €, pero esas energías limpias han reducido el precio del mercado diario en 28.482 millones de €. Por cada euro recibido en primas, las renovables generan 1,9 € de PIB. El país necesita importar más del 80% de su energía y las importaciones de combustibles fósiles suponen el 86% de su negativa balanza de pagos. Mientras, el ministro Soria (declarado persona non-grata en su tierra canaria por autorizar prospecciones petrolíferas), reconoce que el petróleo sale muy caro, pero no apoya las renovables, en cambio, autoriza y fomenta con dinero público el uso del fracking.
Rajoy no atiende, una vez más, el interés general y se declara partidario de las cinco grandes empresas eléctricas. Sólo así pueden entenderse las trabas que impone a los particulares para usar paneles solares en el autoconsumo, lo que rebajaría considerablemente la factura del petróleo. Llegando hasta el punto de pretender declarar inconstitucional la reforma de la “Ley de Energías Renovables”, aprobada por la Asamblea Regional de Murcia. Tampoco han acabado con el déficit de tarifa (la deuda que los consumidores, obligados por el gobierno de Aznar, tenemos contraída con las eléctricas) ya que no aborda las verdaderas causas de su generación y sólo se centra en culpar a las energías renovables del mismo. El año próximo, pagaremos 9.000 millones de € por la moratoria nuclear, energía de la que son partidarios, cuando las eléctricas sólo se gastarán 2.400 millones de €. En 2016 cargarán este recargo en el consumo. Por lo que resulta un fraude la rebaja en el recibo de la luz de este año.
La insuficiencia de las renovables ha hecho que en este caluroso verano se haya disparado hasta el 18,2% el aumento de la aportación de las centrales del uso combinado. Suponiendo un nuevo contrasentido que Industria autorice el cierre de ELCOGAS, arruinando Puertollano. Toda esta serie de atropellos han encarecido la factura energética de las empresas, minimizando el efecto de los bajos salarios, que tanto deterioro social causan.
En cuanto al Medio Ambiente destacamos la reforma de la Ley de Montes, que abre la posibilidad de recalificar los montes incendiados por interés público, quita la potestad de denunciar a los agentes forestales y abre la puerta a la privatización de los montes públicos. Por otro lado, la reforma de la Ley de Costas da barra libre a aquellos municipios que no respetaron la ley anterior y que más han urbanizado el frente litoral. 100 de los 500 municipios españoles con costa han perdido la protección en beneficio de la dañina burbuja inmobiliaria.
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