El 23 de junio de 2016 se realizó en el Reino Unido y en Gibraltar un "referéndum" sobre su permanencia en la UE, cumpliéndose así el compromiso "populista" del conservador David Cameron. El resultado final fue el triunfo de la salida del Reino Unido de la UE (Brexit). La consulta ya era una amenaza continuada, desde su difícil ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1973, provocando debates recurrentes, para evitar adherirse a resoluciones o adquirir ventajas, ante cualquier aspecto que supusiera disminución de su soberanía o de su relación ingresos/gastos. El pasado miércoles el embajador británico en la UE entregaba al presidente del Consejo la carta por la que se iniciaba el proceso previsto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. La negociación deja un conjunto abundante de incertidumbres por la situación política actual, además de representar una amputación de uno de los países que más ha representado para la formación de Europa en los aspectos histórico y cultural.
Parece que el primer asunto a discutir será el de intentar definir los derechos de los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios residente en el Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos que viven en la UE, un tercio de ellos en España. Bruselas quiere que se garanticen de modo recíproco todos los derechos ciudadanos de los que hoy gozan. El asunto se complica debido a que el gobierno británico tiene la tentación de empezar a restringir la llegada de ciudadanos comunitarios a partir de ahora y utilizar las diferencias como moneda de cambio para conseguir otros logros.
Está claro que el Brexit ha fracturado a la sociedad británica, con aspectos tan sobresalientes como que la mayoría del "no" se impuso en Londres (75,2%), en Escocia (62%) y en Irlanda del Norte (56%), dividiendo en dos las grandes ciudades del Reino Unido. Las dos naciones del "no" pueden pedir seguir unidas a la UE, lo que podría romper el Reino Unido. Por otra parte, la UE quiere compensaciones por los compromisos con el Presupuesto europeo y las pensiones de los euro-funcionaros, cuyo monto se estima en 60.000 millones de €. A todo esto Teresa May ha enviado, en la misiva de inicio con seis folios de extensión, algunas amenazas veladas, entre ellas la "seguridad" como elemento clave. Lo que supone un mal comienzo para realizar una transición suave y ordenada que termine en el tiempo previsto.
Por parte de la Unión Europea (formada por 28 países con Reino Unido), una vez presentada dicha comunicación, el abandono requerirá el consentimiento de al menos 20 países de los 27 restantes que representen más del 65% de la población, y el proceso concluiría finalmente con la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo. Existe la posibilidad de que las negociaciones se extiendan a un plazo más amplio si los 27 países de la UE lo aprueban por unanimidad. Pero en caso de no ser así, la Ley de Comunidades Europeas perdería inmediatamente su validez sobre Reino Unido, lo que supondría la entrada en vigor del Derecho Internacional. Todo ello nos da idea de lo complejo de esta situación para conocer y sondear el futuro, en un momento en el que las elecciones en Francia y Alemania podrían dinamitar la UE. También pudiera ocurrir una aceleración de la unidad y un cambio en las política económicas.
En cuanto a España, ya empezamos a vivir como uno de los cuatro grandes países de la UE, asistiendo a todas las reuniones celebradas últimamente. A la vez parece que hay unanimidad en dar portazo a los separatismos, aunque eso no deberá suponer que desaparezca la necesaria negociación con Cataluña. Nos favorece la presencia mayoritaria de británicos en España. Por último, Bruselas incluirá que España y Reino Unido tendrán que ponerse de acuerdo para cualquier decisión sobre Gibraltar.
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