Aunque pueda parecer contradictorio con sus valores esenciales, la realidad dice que es posible la existencia de una cultura de la "impunidad" en democracia. Se da este hecho cuando los que gobiernan ejecutan sus políticas sabiendo que es "poco probable" que tengan que rendir cuentas por sus acciones, aunque éstas estén fuera de la ley o de la ética. Cualquier "cultura de la impunidad" produce un clima social de inseguridad y desconfianza en las instituciones. El ciudadano tiene miedo de hablar y como consecuencia se reprime en la crítica social. A veces esta crítica social se acompaña, como es nuestro caso, con leyes como la "Ley Mordaza". Además el gobierno no da respuesta a las preguntas "inoportunas", ocultando datos para evitar decir la verdad.
En el caso de España, el Gobierno de Rajoy está implantando una "impunidad de clase" por restringir la respuesta de la "Ley" sólo frente a personajes con poder político o económico que participan o apoyan al gobierno. La impunidad como cultura necesita además un conjunto de instituciones implicadas, hábitos de conducta duraderos, creencias, actitudes y comportamientos que intenten perpetuar la injusticia con los "suyos". Aspectos que se han dado y se dan en el "PP" (actualmente investigado), añadiendo que esa "impunidad de clase" no es a veces completa ni gratuita pues choca con la honestidad de muchos jueces, fiscales, policías, guardias civiles, partidos políticos, investigadores de los medios de comunicación y ciudadanos que creemos en la separación de poderes de toda democracia. Aunque no se suele devolver lo robado.
La ausencia del adecuado castigo tiene, además, tres dimensiones o ámbitos: el no ejercicio de la acción penal (impunidad personal), la no condena moral (impunidad moral) y el no conocimiento de la verdad (impunidad histórica). Veamos como se ha ido creando en España esa cultura de la impunidad a lo largo de más de veinte años.
-En primer lugar utilizando la justicia a través de nombramientos de jueces, fiscales e investigadores entre personas de su confianza en los tribunales que verán sus causas. Paralelamente eliminando medios adecuados y modernos en los juzgados, dejando en mínimos la disponibilidad de personal para retrasar las instrucciones y juicios, y reformando leyes que definan plazos y condiciones de difícil cumplimiento. Destacamos como modelo el nombramiento de Moix como fiscal anticorrupción.
-Desprestigiando las instituciones judiciales y de investigación cuando sacan resoluciones o dan información sobre asuntos que no convienen, denunciando a instituciones investigadoras prestigiadas como la UCO o la UDEF e intentando sacar a jueces y fiscales de los casos comprometidos, creando problemas a los que cumplen.
-Destruyendo pruebas a veces de manera brutal y descarada como la destrucción de discos duros de ordenadores o la desaparición del libro de registro de visitas en la sede central del "PP", y haciendo declaraciones tipo como "no conocíamos lo que pasaba" cuando tienen que testificar. Últimamente, "por causalidad", han desaparecido documentos clave del "caso púnica", declarando la sociedad implicada "Nuevo Arpegio" que los ha "traspapelado", meses después de habérselos pedido.
-Revelando a los corruptos, desde la estructura política o policial, las actuaciones que se están realizando para que puedan evitar las escuchas o hacer desaparecer, antes de los registros, documentación comprometedora. Dificultando la acción de la justicia.
-Por último, utilizando los medios de comunicación oficiales en su beneficio e incluso el INE que comete graves errores de proyección, interesados, al dar sus datos.
Pese a todo, en declaraciones públicas y en el Congreso, se declaran los mayores luchadores contra la corrupción desde el comienzo de la democracia. Curioso ¿no?
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