LA PROVOCACIÓN COMO ESTRATEGIA

Es evidente que la situación a la que se ha llegado en Cataluña, pese a haber sido predecible, no es la mejor de las posibles. El independentismo ha resurgido tras la aprobación pública de un estatuto pactado y la supresión por el Constitucional de algunos artículos hoy legales en el estatuto andaluz, unido al trato exclusivamente jurídico utilizado por Rajoy, nos ha llevado a la actual situación que se presenta llena de riesgos. En estos momentos los líderes separatistas están utilizando una estrategia de confrontación, realizando acciones jurídicas irresponsables y provocaciones continuadas al Estado y a una mayoría de catalanes contrarios al separatismo. Ahora son los únicos responsables. Se inició este último tiempo con la politización y falta de sensibilidad en la manifestación a favor de las víctimas causadas por las acciones terroristas.

Es frecuente en el mundo nacionalista el recurso a la épica del victimismo para justificar la firmeza de su sentimiento, puesto que normalmente este patriotismo no se acompaña de razones jurídicas, políticas ni sociales. Últimamente se ha venido haciendo una provocación jurídica y política premeditada para hacer que el gobierno realice alguna violencia o alguna desproporción en sus medidas que justifique el victimismo. Hay que reconocer que el actual nacionalismo catalán no ha sido violento físicamente, ni tampoco el Estado español. Ahora el gobierno no está sólo, cuenta en este momento con el apoyo de un partido histórico como el PSOE  y una nueva formación como es C's que ocupan buena parte del actual Parlamento Catalán. Las actuaciones antijurídicas realizadas han dañado en principio la grandeza que este tipo de épica necesita para justificarse, pues han violentado normas básicas de la democracia. Veamos:

Un informe de tres páginas firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado Mayor, Antoni Bayona, advierte a la Mesa de la posible incursión de un delito si se aprueban las leyes del Referéndum y de Transitoriedad. Asimismo, los servicios jurídicos ponen en tela de juicio la utilización del artículo 81.3 del Reglament para modificar el orden del día. Los letrados entienden que de aplicarse se conculcarían los procedimientos y requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley. Una tesis, que a su parecer, abona también el Consell de Garanties Estatutàries, cuyo obligatorio informe ha impedido la Presidenta del Parlamento, así como el quórum exigido para aprobar la ley. Tampoco hay garantías en la votación.

Últimamente han utilizado el mismo método para aprobar la Ley de Transitoriedad. Es decir, han violado la Constitución y el Estatuto Catalán que justifica que Puigdemont y sus consejeros estén en sus cargos para cumplir y hacer cumplir la ley. Un poder que han usado para una consulta antidemocrática. Han conseguido el rechazo del Europarlamento y la UE. 

Necesitamos serenidad en la acción por parte del Estado para la aplicación de la ley, a la vez que se debe contrarrestar la campaña de victimismo que llevan hasta ahora, sin razón. Existe la dificultad añadida que supone la afinidad separatista del Mayor de los Mossos. En ningún caso hay que darles ocasión para que puedan construir su deseada épica. A los líderes separatistas corresponde toda la responsabilidad de su disparatada estrategia. Espero que se haya llegado a tiempo.