La operación judicial-policial-política desplegada el pasado miércoles ha sido la señal para iniciar masivas manifestaciones populares. Lo que ha provocado un nuevo panorama que incluso ha cambiado el pensamiento de muchos catalanes, que estaban en silencio y que ahora están dispuestos hasta a ir a votar, pues consideran que se ha herido su sensibilidad. No sólo las posturas han cambiado, también los lenguajes y los comportamientos, que han empezado a radicalizarse, realizando conductas violentas contra la Guardia Civil y la Policía Nacional pese a su pacifico comportamiento. El cambio no quiere decir, como veremos, que tengan más razones que antes, sino que se han dejado llevar por la estrategia independentista. Lo que sí parece cierto es que el diálogo político razonable se hace ahora más difícil. Veamos algunos de estos cambios:
Junqueras ha reconocido que la operación contra el 1-O altera el referéndum; IU rechaza reconocer el referéndum pero tacha de reaccionaria la acción del Gobierno; "Comuns" piensa en manifestarse junto a los independentistas; Pablo Iglesias, en su línea de singularizarse, considera que los detenidos son "presos políticos", sin haber sido siquiera encarcelados; también han cambiado de opinión CCOO y UGT, así como Joan Coscubiela. Por otro lado, las universidades e institutos se han movilizado; mucha prensa extranjera le ha dedicado primeras páginas; los mossos se están haciendo pasivos; los estibadores se niegan a abastecer los barcos que servirán de residencia a la policía... Atrás han quedado las falsas verdades y mentiras de algunos independentistas.
Pero veamos cómo se han producido los hechos para entender las sinrazones del cambio de panorama. Según informa Eldiario.es, la operación ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, quien ha ordenado de oficio esta operación. Pese a esta aparente neutralidad de la decisión lo cierto es que ha sido un error político que ha creado el ambiente emocional que conviene a los independentistas. Lo curioso es que el juez lleva investigando desde febrero, bajo secreto de sumario, a varios altos cargos de la Generalitat. El proceso penal arrancó con la denuncia que a finales de enero presentaron el partido derechista VOX y el abogado Miguel Durán contra el exsenador de ERC Santiago Vidal, que alardeó de que el Govern ya tenía los datos fiscales de los catalanes, de cara a la secesión. El mismo juzgado, en esa misma causa, ya había imputado hace meses al número dos de Oriol Junqueras, Lluís Salvadó, al que se ha detenido también en la operación policial del miércoles.
No se conocen más detalles, especialmente debido a que permanece aún el secreto de sumario. Conocemos, eso sí, que la primera consecuencia política ha sido que esta operación policial ha favorecido a la Generalitat y ha obtenido el apoyo político contra el Gobierno de algunos sectores que sin duda no respaldaban la posición independentista. Es evidente que esta especie de "camarote de los hermanos Max" en que se está convirtiendo el problema catalán no debe hacernos perder la realidad de que los dirigentes del independentismo han incumplido las leyes de la democracia y sus deseos o intereses no pueden estar por encima de estos valores. El independentismo es, sin duda, un sentimiento que en este caso adopta un tono de superioridad con el resto y que justifica sus sueños de un mundo ideal sin opresiones, adoptando un victimismo poco justificado. Hace poco el PDC era el rey de los recortes. El problema es que hablar ahora de la política posible, de lógica económica y de las dificultades que podrán presentarse en un futuro de inevitable aislamiento, resulta complejo. Y mucho más si el receptor tiene, además, intereses personales o de partido. Quizás unas elecciones futuras tanto autonómicas como nacionales pudieran clarificar el futuro. Esperemos.
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