Sin duda, la noticia de la semana ha sido el encuentro entre Torra y Sánchez para intentar la normalización democrática. Antes deberán superar muchos malentendidos creados en tantos años de abandono, y rectificar políticas, actualmente muy sensibles para ambas partes. Hoy, el objetivo de Quim Torra es conseguir la independencia de Cataluña y la obligación de Pedro Sánchez es impedir que lo consiga. Pero en política es buena norma ir paso a paso y empezar normalizando las relaciones, poniéndose al día en los retrasos, venciendo dificultades políticas y económicas. Hay que reconocer, además, que ni el uno ni el otro tienen la capacidad de modificar sustancialmente los temas de fondo. A la vez es necesario tener en cuenta que este primer contacto, de dos horas y media, ha sido, en general, bien recibido, salvando naturalmente a la CUP, PP y Cs que prefieren la imposición al diálogo. La comisión nombrada al efecto, después de la entrevista, seguirá el buen clima inicial. La delegación del Gobierno de la Nación la encabezará la vicepresidenta Carmen Calvo y la del Gobierno de Cataluña lo hará el vicepresidente Pere Aragonés. Esperemos que las decisiones judiciales, la extradición de Puigdemont y las respuestas independentistas no den al traste con el buen comienzo.
En cuanto a la normalización democrática del Valle de los Caídos con el traslado de los restos de Franco y José Antonio, el Gobierno parece decidido a reformar la Ley de la Memoria Histórica, para hacerla más concreta y amplia y hacerse cargo de la exhumación de los restos de las fosas comunes y de otros lugares impropios para que las familias puedan tener cerca los restos de los seres queridos. No olvidemos derogar la Ley de Secretos Oficiales para poder escribir la historia de ese tiempo.
Hasta que se pueda suprimir la reforma del mercado de trabajo que ha llevado a la actual y creciente brecha social, se ha conseguido que el convenio sectorial prevalezca sobre los de empresa para los salarios. Un poco que no debe conformarnos.
El proceso para renovar RTVE, atascado desde hace nueve meses en el Parlamento, se ha acelerado extraordinariamente en las últimas horas como consecuencia del decreto ley, aprobado por el Gobierno y refrendado por el Congreso la pasada semana. Este martes, poco después de mediodía, las Mesas conjuntas de Congreso y Senado han aprobado la puesta en marcha del procedimiento que, por concurso público, elegirá para RTVE un Consejo de Administración para los próximos seis años. Mientras, el pleno del Congreso ha votado a los cuatro miembros que restaban para componer el Consejo provisional. En la votación del pasado martes, los candidatos que apoyan al Gobierno: Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa, obtuvieron 175 votos, y los que lo hacían por el "PP" lograban 122. El modelo de una RTVE libre, modelo Zapatero, después de más de siete años puede volver a ser una realidad. Faltan que lo sean las autonómicas.
En la decisión de dar preponderancia a las energías renovables, incluimos: "el Gobierno vetará todas las prospecciones marinas de petróleo y gas".
Dentro de esa deseable normalización, apuntamos la siguiente noticia: El Supremo condena al Estado por no cubrir la cuota de refugiados del acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía en 2015 por Mariano Rajoy como respuesta a la emergencia humanitaria de la crisis de refugiados: "por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados procedentes de Grecia y de Italia", de los que sólo llegaron el 12,8% hasta 2017. Es la primera vez que un tribunal nacional condena a su país por incumplir este tipo de acuerdos. Es una sentencia impecable en su exposición y consecuencias, aunque un poco tardía
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