El pasado lunes se cumplió el primer año de la llamada a las urnas por los independentistas. Si se analiza lo ocurrido, veremos que hubo una declaración formal de independencia, que tuvo como resultado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con gran respaldo político. Supuso la destitución del gobierno de Puigdemont y provocó la huida de alrededor de 4.500 empresas, la gran mayoría de las cuales no han vuelto, aunque desde el punto de vista económico el crecimiento de Catalunya disminuyó, pero siguió siendo el más alto de España. También hubo errores debido a la decisión de Rajoy de considerar el problema catalán "algo exclusivamente judicial". Entre los errores destacamos: la intervención policial que produjo alrededor de mil heridos y contusionados y un archivo de imágenes que se valoraron negativamente dentro y fuera de España; que existan muchos encausados, algunos de los cuales están presos y otros en el extranjero que tendrán que esperar para ser juzgados por el TS hasta principios del 2019 por rebelión, malversación y desobediencia; acusaciones que no han conseguido la extradición de los huidos. Todo ello produjo la mayor crisis constitucional desde 1978 y el "proces" ganó apoyos internacionales. Ahora sabemos que Iceta intentó evitar la intervención, hablando el 1-O con Santamaría.
Esta primera celebración, ya sin el 155, ha supuesto la aparición en las calles de odio y violencia. Comenzó con la manifestación autorizada de JUSPAL, que fueron agredidos y hubo heridos, pese a los Mossos. Los radicales, ya envalentonados por Torra, intentaron paralizar Barcelona e incluso asaltar el Parlament, y los Mossos, que intentaron impedirlo, tuvieron 30 heridos. Así, el desatino que supuso que Torra, incitador de la violencia, tuviera que aplastar a los que le siguieron. Una torpeza irresponsable, que produjo que los radicales del CDR le insultaran e intentaran agredirle y que los Mossos le exigieran que no interviniera en sus labores policiales. La situación produjo también la fractura de la CUP, lo que acentúa la debilidad del Govern de Torra. Las imágenes se han internacionalizado y el problema se ve de otra manera. El jueves pasado el Tribunal Europeo dio el primer revés judicial al "proces".
Pero ante esta situación ¿qué está haciendo la oposición de los dos partidos de la derecha? Para entenderlo, hay que pensar que existe en ambos partidos una obsesión por las "estrategias para conseguir el voto a cualquier precio", olvidando que Cataluña es un tema de Estado y que no le deben ser de aplicación esas estrategias. Obsesión a la que han colaborado algunos medios que han dedicado demasiado espacio y tiempo a temas que no lo merecían. Esta oposición parece desconocer el problema, que supone un riesgo para la unidad de España, constituyendo más un lastre que un apoyo, pues lo utilizan sólo para conseguir votos. Lo peor es que esta obsesión les impide darse cuenta y analizar que el desvío de la responsabilidad total a la justicia (la aplicación del 155) y no valorar lo ocurrido este año, les impide entender que ahora no es el tiempo del 155, aunque no se niega su utilización para el futuro, si hubiera un cambio de escenario.
Ante su propio fracaso y de nuevo sin reflexión, Torra planteó un "ultimátum" al Gobierno para un referéndum en un mes. El gobierno ha respondido que no hacía falta que pasase el mes: autogobierno sí, independencia no. Ahora pide una cita a Sánchez sin imponer ningún plazo. Una actitud que carece de grandeza, aunque sea razonable. Lo último es que Torra y ERC han firmado un forzado acuerdo hasta que se produzca la sentencia. Es cierto que la solución no es fácil, pero buscar ésta en el enfrentamiento directo con el Estado o quitando lazos amarillos y agredir a medios de comunicación, no es ayudar. Paciencia, que algo está cambiando en el "proces".
No hay comentarios:
Publicar un comentario