HAY MUCHOS PROBLEMAS POLÍTICOS HEREDADOS QUE URGE ABORDAR

  Teniendo en cuenta su impacto informativo, parece obligado comenzar con el resultado electoral en Cataluña y la búsqueda de un gobierno con mayoría parlamentaria. Aquí conviene hacer una serie de reflexiones. Sabemos que el ganador de las elecciones ha sido el PSC, que ha sacado 50.000 votos más que el segundo,  que tiene, sin embargo, el mismo número de diputados. Es decir, las provincias pequeñas tienen un diputado con menos votos que las grandes. Algo que en el caso catalán favorece que salgan gobiernos independentistas. La situación se da en toda España, donde las provincias con mayor número de habitantes, necesitan conseguir un mayor número de votos por diputado, lo que resulta injusto en todos los casos. La actual ley electoral debiera modificarse en el sentido de que la circunscripción electoral necesite el mismo número de votos por diputado, en todas las provincias. En nuestro caso está enormemente mal tratada Barcelona, la menos independentista y supervaloradas, Lérida y Gerona, las más independentistas, lo que explica la continuidad de gobiernos nacionalistas. Destacar que la participación ha sido del 55,50%, la más baja de todos los comicios autonómicos. Sin duda, la pandemia y el tiempo influyeron. 

El CGPJ, que debería garantizar uno de los parámetros clásicos de toda democracia, como es la independencia del poder judicial, se ha dejado manejar por el "PP", que nombró, con sus mayorías absolutas, a los miembros de ese Consejo, incluido su presidente. Hoy, sin saber cómo, han ido aumentando esa mayoría, incluso estando el gobierno en manos del PSOE. Pese a todo, con dos años ya de provisionalidad, siguen realizando nombramientos que, lógicamente, resultan sospechosos. Esperemos que por dimisión o por sacar adelante la ley del Gobierno, se prohíban esos nombramientos. Ahora parece que Casado está dispuesto a negociar. El desprestigio del CGPJ debe detenerse, para el funcionamiento adecuado de la democracia.

Parece evidente que regular la libertad de expresión es y debe ser una importante tarea. Parece necesario que los delitos de odio o que fomentan la violencia deben ser castigados. Pero en esta compleja sociedad que nos toca vivir, hay colectivos, entre ellos los políticos, hacia los que existe una cierta permisividad, que debería hacerse también en sectores artísticos y especialmente con los humoristas, que necesitan espacios más amplios de expresión en función de sus mensajes culturales, a veces cargados de una ironía difícil de entender. Por otro lado, el exceso penal puede producir el desaliento de la opinión y dañar la democracia. La solución no es fácil, pero lo que nunca debe permitirse es la violencia en la protesta.

Por otro lado, El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. A partir de ahora, será público y podrá comenzar el proceso de reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos previos de propiedad. Una situación creada por Aznar, que hizo fedatarios públicos a los obispos. Es una situación que la Iglesia ha utilizado para transformarse en el primer propietario rural y urbano, a la vez que evita el pago de impuestos, una situación escandalosa que daña a la propia Iglesia y que parece ir en sentido contrario a la moral católica y a lo que en este tiempo predicaba el actual Papa. Hay que normalizar la presencia de la Iglesia, que como todos deben seguir la ley, incluso en la obtención de sus ingresos y pagos a la Hacienda pública. Son 34.961, finalmente, los bienes inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998, que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica. Una vergüenza.