Pese a que ha pasado casi un año de la pandemia, la derecha de siempre está intentando tapar la corrupción y evitar la justicia. Para ello, han buscado y encontrado en la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ y el Tribunal Constitucional un nuevo frente político, que daña claramente la democracia en uno de sus más importantes pilares, como es la independencia de la justicia. Con el "PP" de Casado a la cabeza y con el ex juez Enrique López como experto, han paralizado durante más de dos años la renovación del CGPJ, lo que no ha impedido que siguieran nombrando jueces del TS y del Constitucional. Ya sabemos que el máximo órgano de los jueces, solo se renovará si se aceptan las condiciones del PP y de sus patrocinadores, que en esta empresa son muchos, con toga y sin ella. Además, no es posible entender que los enormes cambios experimentados hasta ahora no hayan supuesto ninguna reforma en la Constitución, pese a las trabajos, en este sentido, realizados por el Consejo de Estado.
A estas alturas, ya nadie duda que el Presidente del CGPJ ha utilizado su puesto de Presidente para favorecer que sus colegas ideológicos ocupen las plazas, algunas vitalicias, del Consejo y seguir nombrando a otros para ocupar las mejores poltronas de la judicatura. Lo curioso fue que, cuando parecía que PP y PSOE habían llegado a un acuerdo, los miembros del Consejo recordaron al Presidente que suspendiera los nombramientos, ya en marcha, pues eran, según el reglamento del Consejo, una decisión colegiada, lo que indicaba que dentro empezaba a aparecer algún tipo de discrepancias. Pues los nombramientos, durante la prolongación del mandato, ya fuera de plazo, durante más de los dos años largos que lleva en funciones, por lo que conocemos, se realizaron, al menos en apariencia, directamente por el Presidente, sin que se conocieran, como ahora, objeciones. Algo está cambiando internamente. Lo que resulta evidente es que en esta situación se debería llevar al Congreso la Ley que parecía estar prevista, hasta hace unos días. En estos momentos nuestra democracia no está a la altura que exige la UE. Destacar que durante este tiempo se han nombrado al Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo y uno de los Magistrados de este tribunal, así como al Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y a la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puestos clave para juzgar aforados y corrupciones.
Añadir que el Presidente, Carlos Lesmes, está absolutamente en contra de este Gobierno. Un buen ejemplo para recordar fue cuando utilizó una supuesta conversación telefónica con el Jefe del Estado, con motivo de su ausencia en la entrega de despachos a la última promoción de jueces salida de la Escuela Judicial de Barcelona, para que otros colegas pudieran acusar al Gobierno de ceder ante los independentistas.
En estos momentos es importante recordar el artículo 1.2 de la Constitución, que reza: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y que el pueblo está representado, únicamente, mediante unas elecciones en el Parlamento, que representa al Poder Legislativo, conformado por partidos políticos elegidos con votos de la ciudadanía. Y que ahora el "PP" de Casado y una minoría de jueces intentan suplir al conjunto del pueblo español.
En este ambiente, el comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez, preso desde el 3 de noviembre de 2017 y con 30 causas pendientes, ha sido puesto en libertad. El balance de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional tres años después justifica aquella preocupación en políticos de alto nivel, mandos policiales, empresarios, banqueros, jueces, fiscales e incluso el Rey emérito que han desfilado por el tribunal especial desde que comenzara la instrucción del caso Tándem. Otro mal síntoma.
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