Hace unos meses el interés por el triunfo del “PP” en Andalucía retrasó dos meses decisiones tan importantes como los presupuestos, perjudicando los intereses de España. Ahora se anuncia un adelanto de elecciones en Galicia para el próximo 21 de octubre. Mucho me temo que de nuevo se retrasarán las actuaciones incómodas, aunque después, casi sin tiempo, haya que recurrir al definitivo rescate. Veremos aumentar el lenguaje de oposición que nunca han abandonado y prometerán cosas como continuar las obras del AVE, aunque a las pocas semanas se paralicen como ya anuncian los técnicos. Resulta estremecedor contemplar lo improvisadas, ineficaces y faltas de estructura que son las medidas que toman para lo que ellos llaman salvar España y lo cautos, organizados, unidos y meticulosos que se muestran en su propaganda cuando se trata de conseguir o conservar el poder. El jueves pasado Rajoy ya empezaba la campaña asegurando que no volverá a subir el IVA ni el IRPF en los presupuestos de 2013, callando el alcance del nuevo paquete de recortes que se incluirán en esos presupuestos.
Con siete días de retraso sobre su propio calendario, el Consejo de Ministros ha aprobado lo que será la tercera reforma del sector financiero que, como las dos anteriores de los pasados meses de febrero y mayo, nace con la intención de ser la definitiva e igualmente por mandato de Bruselas, quien no se fía y exige reflexión antes de revisarla. El decreto parece que no resuelve a los interesados el problema de las quitas a las preferentes; politiza la actuación del FROB y la sitúa como un contrapeso a las competencias del Banco de España, lo que supone limitar su independencia. Con respecto al “Banco malo”, al que da 15 años de vida máxima, será una sociedad anónima con admisión de capital privado que tendrá manos libres para comprar y vender todo tipo de activos, así como para realizar emisiones de deuda. Sus poderes serán amplísimos y el Gobierno eximirá a la sociedad del cumplimiento de gran parte de los controles y condiciones a los que están sometidas las sociedades de capital. Únicamente el Banco de España decidirá los activos dañinos que se deberán transmitir a la empresa y su valoración. Queda pendiente el reglamento de funcionamiento. La experiencia con el caso Banesto, saldada a favor del Santander, no resultó positiva para el Estado. Ahora con tanto consejero sin empleo resulta preocupante la constitución de su consejo con tantas posibilidades de negocio y tan escaso control.
El gobierno, pese a todo, parece mantener la idea de que los recortes son necesarios para salvar España, por eso siguen bloqueadas las oposiciones a Inspectores de Hacienda que serán encargados de corregir un fraude fiscal estimado en 70.000 millones de €. Tampoco parece interesarle la toma de medidas para paliar las subidas de los combustibles con recargos autonómicos, pese a que ahora son los más caros de la eurozona debido al “cártel” sin control de las petroleras. Debemos recordar que la inflación se ha situado en el 2,7% y que con la subida del IVA, puede llegar al 3,7%, aumentando la injusticia social que acompaña a esta situación y la consiguiente disminución del consumo. La Iglesia sigue con sus privilegios y no valen ni las sentencias del Supremo para no subvencionar los más de 100 colegios que hacen separación de sexos. Los poderosos seguirán con sus ventajas fiscales y la posibilidad de salir sin pena de esos delitos. La última mentira, una herramienta muy al uso, ha corrido a cargo del ministerio de Sanidad al anunciarnos que el ahorro en medicinas ha sido del 23,9%, cuando parece que este descenso se sitúa en el 7,4%. Nos anuncian que Bankia, adelantándose a Bruselas, recibirá con urgencia otros 4.500 millones de € para compensar las pérdidas; como contrapeso dejarán sin sanidad a los emigrantes. Eliminará 910.342 tarjetas sanitarias, además de crear una enorme confusión por la variedad de situaciones que pueden presentarse.
Por último vamos a intentar acercarnos a conocer cómo va a repercutir en el déficit de este año el despido de trabajadores de los servicios públicos, normalmente con bastante antigüedad: la pérdida de empleo de un trabajador supone una indemnización para los laborales; la previsible disminución de su cotización al IRPF; una prestación de paro del 75% del sueldo base el primer año y la disminución del pago del IVA por disminución de consumo. Sin contar las dificultades humanas de todo tipo para él y su entorno y la pérdida de derechos. Si hacemos números para el cierre de 2012 el Estado pagará más de lo que ahorrará. Podemos concluir que los recortes en la Administración no sirven para los fines que nos cuentan, además de hacer daño, en algunos casos irreparables, a servicios como la sanidad, la educación, la adecuación de los montes, la dependencia e incluso a la marcha general de la economía, aumentando las diferencias entre ricos y pobres. Al final de julio –a cinco meses del final del año- el déficit de la Administración central superó el déficit previsto para todo el año 2012 y agosto seguirá la misma pendiente. El gobierno dice que la subida del IVA, con una subida salvaje desde el 1 de septiembre, aumentará los ingresos, aunque otros opinan que cerrarán más empresas. Tengo la impresión de vivir en un país que está sirviendo de “conejillo de indias”.
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