La realidad histórica nos apunta a que los españoles realizamos una transición que sorprendió al mundo, aunque ahora sabemos que no fue demasiado explicada ni transparente. Sin duda el enorme deseo de paz y libertad expresado por nuestro pueblo a la muerte de Franco, hizo creer a los líderes políticos que era necesario hacer tabla rasa de lo ocurrido durante la dictadura y dar continuidad jurídica a un tiempo negro de nuestra historia. Buena parte de la legislación de entonces, que facilitó la llegada de la democracia, permanece aún vigente, pese a que los enormes cambios producidos en el país durante los más de 30 años de vigencia, constituyen ahora una auténtica rémora para el desarrollo de la democracia y consecuentemente para el futuro de España. Es necesario superar ese tiempo, aplicando nuevas leyes que se acomoden a los cambios experimentados y a las experiencias vividas. No debemos permitir que la economía, donde más soberanía ha perdido España, sea el único elemento de debate público durante la crisis. Una trampa en la que estamos cayendo, mientras nos están quitando buena parte de unos derechos democráticos que tenemos obligación de aumentar y actualizar para que los avances económicos tengan sentido.
Como muestra de los cambios producidos, basta decir que la renta de cada español ha pasado de 4.500 € en 1978 a 27.900 € en 2012; la población ha crecido en ese tiempo en 11.000.000 de habitantes; las expectativas de vida de la población ha pasado de 71 años para los varones y 76 años para las mujeres a 82 para los hombres y 87 para las mujeres; que la natalidad ha pasado de 18,5 nacimientos por cada mil habitantes en 1978 a 10,40 en 2.012; que en 1978 trabajaban un 22% de mujeres y hoy lo hacen un 52,3%... En otros aspectos conceptuales sabemos que la democracia no funciona y que tenemos la sensación de no estar adecuadamente representados; que algunas instituciones no son necesarias; que los partidos políticos han dejado de ser representativos y que los programas electorales en los que debemos basar el voto no obligan a nada; que la corrupción nos ha invadido y carecemos de medios para eliminarla; que la justicia no es igual para todos ni es independiente… La política es imprescindible para actualizar los cambios y para introducir novedades que impidan la escalada de pérdida de libertades democráticas. Es necesario exigir una adecuada y moderna legislación que corrija las carencias de entonces y tenga en cuenta la nueva realidad que ha ido surgiendo.
Hace falta, entre otras, una reforma constitucional que actualice el título VIII, marque competencias exclusivas al Senado o lo elimine, debata la conveniencia de las diputaciones, dedique un mayor espacio a la autonomía municipal, permita una regulación del derecho de huelga y propicie algunos cambios que figuran en el título X, por ejemplo. Además, en otro nivel jurídico hace falta una reforma en la ley electoral que haga más proporcional la representación política, que introduzca las listas abiertas, así como la limitación de mandatos y las obligaciones que llevan consigo los programas electorales; una ley de partidos que clarifique su financiación y garantice la democracia interna; una ley anticorrupción que asegure la independencia de su actuación…
En otros aspectos, es imprescindible una ley de educación, una ley de la sanidad pública, una ley de reforma de la justicia y otra de los consumidores que actualice sus derechos. Además sería conveniente una completa ordenación del territorio que marque los usos en todo el territorio nacional.
Es evidente que todo ello necesita la recuperación de una parte del estilo político que caracterizó la transición, el llamado “consenso” en el que ahora deberán intervenir los sindicatos y los colectivos afectados. Sin ello nada es posible. Ahora nuestros líderes políticos, los directores del proceso, parecen carecer de sentido de Estado, pues se pierden en el “y tú más”, considerando como horizonte de sus actos políticos las próximas elecciones, en lugar de pensar en las próximas generaciones. El problema final sería cómo se hace para que la POLÍTICA recupere la credibilidad, algo sobre lo que nos invade el pesimismo. Aunque no debemos olvidar que si no actualizamos la política y hacemos de ella la palanca para tener justicia y libertad, podemos conseguir en unos años una financiación barata y superávit en el presupuesto, pero estaremos caminando, si seguimos como ahora, hacia un Estado socialmente injusto y sin auténtica democracia. Esta situación, la bondad económica a la que quieren llevarnos, está trayendo consigo los instrumentos legislativos para que una minoría, económicamente privilegiada, esclavice a la mayoría de nuestro pueblo. Terminar con lo que Fuentes Quintana dijo ante la necesidad de los Pactos de la Moncloa: “o los demócratas acabamos con la crisis o la crisis acaba con la democracia”.
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