Se aprecia, de manera general, un debilitamiento o tolerancia de los Estados Nacionales frente a los mercados, las multinacionales y las mafias. Importantes palabras como globalización, antes representativas, se han ido transformando en eufemismos que ocultan relaciones de poder. Las multinacionales han creado su propio sistema de protección con acuerdos globales para interferir el funcionamiento del mercado, sin que los Estados apliquen políticas antimonopolio; unas veces por falta de medios y otras por sistemas mafiosos de corrupción interior. De esta forma esos poderes, no democráticos, controlan la moneda, establecen crisis cíclicas, manejan el comercio y otorgan monopolios para alterar la competencia y con ella los precios. Mientras, Europa mira.
El gobierno de Rajoy, transigente con toda esta situación, aplica el abandono de sus obligaciones para con los ciudadanos españoles en su versión más dura, con una fuerte dosis de improvisación. Utiliza, para realizar la necesaria austeridad, el ahorro exclusivamente en el gasto y con preferencia en las partidas que afectan a los más débiles. Además, prisioneros de la corrupción, el aglutinante que los mantiene unidos, se han ido alejando del pueblo y se refugian en el lenguaje macroeconómico, con previsiones de futuro interesadas, que en nada se ajustan a la realidad que vive la calle.
Notamos más esta retirada en situaciones como la marginación completa de personas y familias, el hambre de los niños, los desahucios injustos, los robos en las preferentes, el enriquecimiento desmedido de las élites, la discriminación de la atención médica de emigrantes. Situaciones atendidas por organizaciones altruistas no gubernamentales, por grupos de vecinos solidarios, por jueces y otros profesionales de manera individualizada o agrupados según sus inquietudes o por familiares que sacrifican sus ingresos. El Estado preocupado por las protestas ciudadanas, normalmente pacíficas, endurece las leyes represivas, introduciendo violencias verbales y creando tasas para dificultar el acceso a la justicia. Todo ello pese al espíritu de la Constitución y a la firma de una serie de tratados sobre los derechos humanos que exigen la eliminación de la discriminación; promover derechos económicos, sociales y culturales de manera progresiva y facilitar servicios mínimos esenciales a todos los ciudadanos.
Últimamente asistimos a estrategias que rompen toda racionalidad: el gobierno reúne a una serie de “sabios” que han redactado una reforma fiscal. Saben que España tiene uno de los impuestos más altos de Europa y que sin embargo tiene uno de los ingresos más bajos debido al fraude fiscal. Pues bien, el informe propone que paguen más las clases medias y no incluye medidas para eliminar el fraude fiscal. El gobierno niega todo hasta después de las elecciones. Esperemos que no pierda esta oportunidad.
Se ha realizado una reforma laboral para favorecer a los empresarios, un anacronismo, puesto que las leyes laborales se justifican por ayudar al trabajador para así equilibrar los poderes. Como consecuencia aumenta el paro, disminuyen los derechos, bajan los salarios, la emigración aumenta y se empobrece la población. El trabajo lo han transformado en un servicio caritativo que dan los empresarios. Con estas políticas ha bajado el consumo y con él los ingresos del Estado. Sólo ganan los ricos.
Con los recortes han bajado las prestaciones del Estado en los servicios sociales, la dependencia, la educación, la sanidad y la investigación. La razón única ha sido el ahorro. Pero lo ahorrado es mucho menos que lo gastado en nacionalizar bancos en ruina. En E.E.U.U. han desaparecido 500 bancos; en España no ha caído ni uno pese a la corrupción, al fraude a los depositarios y a la pésima gestión de muchos. Nadie lo ha explicado. Esperemos que el voto en las europeas nos de la esperanza de un cambio.
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