El fin del juancarlismo abre un tiempo en el que el nuevo rey debe ganar su propio prestigio. El primer discurso ha sido correcto, adecuado, frío y sin relevancia. A la vez que la puesta en escena del cambio dejaba clara la importancia del ejército en una monarquía como la española que carece del poder de gobernar. A la vez el pueblo, que aplaude en su mayoría a la corona, pide al monarca nuevas formas, cercanía, austeridad y transparencia para ganar su respeto, consciente de que representa la necesaria estabilidad institucional. Espera también más de lo que puede hacer con las funciones que le asigna la Constitución. Sin olvidar que aunque la decisión de “cómo hay que gobernar” corresponde al pueblo, la forma de hacerlo afectará al rey. No lo tiene fácil.
Por otra parte el momento exige muchos cambios que deberá decidir el ciudadano a través de las Cortes: la Constitución de 1978 no es ya la adecuada para la España de hoy; la secesión de Cataluña es muy grave; la UE atraviesa un periodo de incertidumbre con contradicciones tan importantes como que mientras los socialistas presentan un plan contra las medidas de austeridad, Merkel y sus socios socialdemócratas insisten en mantener las regulaciones fiscales y los recortes, lo que puede hacer peligrar la reforma fiscal que nace con engaño y un notable tufo electoral. Pero el problema más grave para el nuevo rey y para España es la crisis general con un gobierno absolutamente desprestigiado, alejado del pueblo al que enfurece cada vez más con sus decisiones, silencios, incumplimientos y mentiras. La urgente medida de aforamiento civil y penal del monarca saliente nace con improvisación, rompiendo el aforismo: “Quién ninguna función ejerce, ninguna protección especial merece”. No es un acierto, con independencia de su legalidad. Mientras el PSOE, que ha estado fuera del mundo, está en un periodo de cambio, que permite alguna esperanza.
El tiempo de elecciones europeas, cambio de monarca e incluso el mundial de futbol, ha permitido un respiro al gobierno que ha intentado dejar atrás en la memoria las arbitrariedades, el clientelismo y la corrupción. Debemos recuperar su seguimiento, pues la inmediata realidad nos apunta a situaciones de millones de familias que no llegan al mínimo vital y a las que el gobierno, si tuviera decencia, debería dar total prioridad. La actividad política, si quiere ser auténticamente democrática, dignificadora del hombre y de la colectividad, y no una mera lucha por el puro poder, debe tomar las decisiones teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que se encuentren más necesitados. Por ello la prioridad dada en las ayudas a bancos y empresas, la fiscalidad y las privatizaciones de empresas rentables o sociales resultan absolutamente inmorales.
La tarea política en una democracia bien estructurada debe distinguir entre responsabilidad moral, política y penal: la última la delimitan los jueces, la segunda la controlan los parlamentarios o los partidos, y la primera, además de estos, la ciudadanía. El actual gobierno con su mayoría parlamentaria obstaculiza la acción de los jueces, desprecia la tarea del Parlamento imponiendo los asuntos a tratar y soporta, gracias a su obscurantismo y al desprecio por la división de poderes una corrupción que afecta a buena parte de la cúpula de su partido y del gobierno. Una forma de proceder que está produciendo la sensación en los ciudadanos de que vivimos en una democracia que aunque elegida democráticamente ya no representa a los españoles.
Por último delatar que muchas decisiones y leyes del gobierno en el futuro, aunque se presenten a la ciudadanía revestidas de un aparente interés general, se sabe claramente que son meras estratagemas para aumentar votos, eliminar libertades o beneficiar a personas o instituciones de su interés, posponiendo los recortes.
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