Normalmente los partidos políticos durante las elecciones y bajo el nombre de estrategias electorales, presentan ofertas poco estudiadas, pero atractivas, de cuyo cumplimiento no responden, colaborando al desprestigio y la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. En estas elecciones, que deberían responder a conceptos de seriedad y honestidad para dar comienzo a la regeneración de la clase política, el “PP” se ha propuesto renovar su mandato aun a costa de violentar el sentido común y sin tener en cuenta los principios éticos que exige la democracia. En esa tarea actúan, en principio, en tres frentes: nuevas leyes para favorecer sus posibilidades electorales, control de medios de comunicación y provocar amnesia social sobre su corrupción.
El hacer nuevas leyes favorables a sus pretensiones sienta su precedente en Castilla-La Mancha donde, por “razones exclusivamente económicas”, reducen a 33 el número de Diputados (sólo el crecimiento del staff presidencial multiplica por tres ese ahorro), dejando éstas el Parlamento con el menor número de representantes de España, permitiendo hasta última hora que puedan decidirse los diputados por provincia. Hay que recordar que, cuando cobraban, Cospedal propuso un aumento de hasta los 53 diputados. Ahora quieren cambiar en solitario y para toda España el sistema local con la elección directa de los alcaldes sólo por mayoría. La propuesta se presenta llena de lagunas. Como siempre, lo peor son las razones para justificar el cambio: la ley, dicen, forma parte de la regeneración democrática, quitando valor al sistema actual, eso sí, después del compromiso de Rajoy de que no se haría el cambio sin consenso. Actualmente el procedimiento se marca en el artículo 140 de la Constitución y necesitaría una ley orgánica para esta reforma. Indudablemente la ley es oportunista en la forma y en el tiempo, respondiendo a un interés exclusivamente partidista. La prisa, lo absurdo del motivo y la ruptura unilateral de un proceso con 35 años de antigüedad sin fisuras deja en evidencia el talante ético de los que la proponen.
El control de los medios de comunicación es también evidenciado en Castilla-La Mancha con una televisión que ataca únicamente a los alcaldes socialistas y donde su director es el responsable del ente público en España más denunciado, más cuestionado, más amonestado (hasta por el Senado, por primera vez en democracia) e incluso con querellas por malversación. Por su parte, en RTVE sigue el control en personas y noticias. España tiene el dudoso honor de ser uno de los países donde se ejercen mayores y más graves presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, según ha desvelado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Por otro lado, los medios escritos en papel parecen en su inmensa mayoría cercanos al “PP”, sólo queda el Grupo Prisa. ELPLURAL.COM, el mejor informado sobre la marcha de Prisa, comenta el interés de Telefónica por la compra parcial y el apoyo del gobierno para que la banca y grandes empresas acepten y ayuden a la refinanciación del grupo, mientras se asegura la ‘protección’ que los medios de comunicación de este grupo, muy en especial ‘El País’, dan al Presidente y no sólo a él. Un cambio que los lectores ya notamos.
En cuanto a la corrupción, lo que viene a plantear el juez Ruz en su último auto es que el PP se lucró económicamente en su conjunto de la trama Gürtel, más allá de que la participación en la trama fuera de personas determinadas, porque es la estructura económica del propio partido la que resulta responsable, y beneficiada, de lo sucedido. Es evidente que es contrario a toda ética democrática que este partido nos gobierne. Como los pueblos, especialmente en un sistema de libertades, tienen lo que se merecen, algo habremos hecho muy mal los españoles para merecer lo que nos pasa.
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