En estos últimos años (cinco al
menos y muy intensos los tres últimos) se ha ido generando una acumulación sucesiva
de crisis: una institucional y de modelo de Estado; otra económica, muy
profunda; otra política, de liderazgo y de representación, inédita en profundidad
y extensión; otra de ética que ha desembocado en una enorme corrupción, otra de
ausencia de intelectuales implicados que aporten valores; la última, el
levantamiento social, esperada por muchos, que debería ser el corolario de todo
lo anterior, no sólo se ha contenido dentro de los límites de una sociedad
democrática, sino que está haciendo reaccionar a los españoles en una dirección
cívica bastante positiva. Una sociedad que puede ser la solución, si exorciza
el miedo.
En
otros momentos de la historia de España, se habló de «regeneración» y lo hizo
gente decente con líderes apoyados por intelectuales comprometidos con la
regeneración ética y social. En estos momentos existe la dificultad añadida de
que los que la han provocado en mayor medida y utilizado para su provecho esa
degeneración, intentan dirigirla falseando las acciones y los conceptos. Además,
desde el espacio internacional, existe un olvido de los valores de la izquierda
y una globalización, casi exclusivamente neoconservadora, que protege al
capital y que en Europa ha propiciado los recortes y la eliminación del Estado
de Bienestar, a la vez que ha retrasado la unión bancaria, la integración
fiscal, la desaparición de los paraísos fiscales y la regulación del mercado
financiero, imprescindibles para el avance de la necesaria unidad europea.
Algunos de los aspectos más unánimemente criticados, que debieran ser
prioritarios, se refieren al sistema electoral, basado en una proporcionalidad
ahora injustificable: por un lado la circunscripción electoral provincial que,
al elegir un pequeño número de representantes por provincia, hace que el sistema
se convierta en exageradamente mayoritario, anulando los votos de opciones
minoritarias que pueden llegar a obtener el 25% de los sufragios. Por otro lado, serían necesarias la presentación
de listas abiertas, que eviten el control monolítico de los partidos sobre los
representantes y la limitación de mandatos, eliminando una permanencia que es
causa frecuente de corrupción. Situaciones que deberían incorporarse en la
próximas elecciones generales para lo que sería necesario un pacto con todos
los partidos, incluido el gobierno.
Más adelante debería llevarse a cabo
la despolitización de la justicia; la independencia de las instituciones de
control, evaluando por expertos, al menos, a los presidentes de éstos órganos;
la eliminación de aforamientos, circunscribiéndose a cargos muy específicos y
justificados; la ruptura definitiva con la impunidad de los corruptos, aunque
es necesario, además de la justicia, el repudio de las urnas y la definición de
la responsabilidad política por un Consejo de Notables; una redefinición del
Senado como cámara federal; un acuerdo en el modelo territorial y una Ley de
Partidos que defina la financiación y sus límites, la democracia interna y la
transparencia, similar a la que propone la iniciativa ciudadana +Democracia.
Para todo eso es imprescindible la reforma de la Constitución. Quizás, como paliativo
urgente, sea conveniente mirar la idea del presidente francés de buscar una
alianza con líderes socialdemócratas para ampliar el plazo de reducción del
déficit y aumentar los estímulos al crecimiento.
El panorama no es fácil y será necesario, entre los que desean cambiar
con los nuevos líderes emergentes, unidad alrededor de conceptos como
solidaridad, justicia social, ética y transparencia. Reconociendo que también es necesario un moderado pragmatismo. Las
próximas elecciones pondrán a prueba la posibilidad de la unidad de los que
quieran hacer avanzar la democracia por encima de sus propios dogmas.
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