La declaración voluntaria durante 13 horas, realizada ante el juez Eloy Velasco por uno de los cerebros de la trama Púnica, el arrepentido David Majariza, ha vuelto a producir un nuevo escalofrío, no sólo por la falta de escrúpulos de muchos políticos, básicamente del "PP", sino por oír de nuevo a Rajoy como si no pasara nada y él fuera, no sólo ajeno al problema, sino víctima. Parece que quisieran hacernos creer que esta codicia grosera fuera normal en el paisaje político de España. Me resisto a creerlo.
De los casi 3.000 casos considerados como "complejos" por el Consejo General del Poder Judicial más de 2.000 de ellos están relacionados con la corrupción. Los jueces no dan a basto: el último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años; tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, la UE cuenta con 21; a lo que hay que añadir una deliberada y grave falta de medios. En esta situación, el gobierno de Rajoy saca la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protestada por todo el estamento judicial (vigente desde el 6 de diciembre pasado), que establece un plazo máximo de seis meses para la instrucción. Según los cálculos de la fiscalía, hechos públicos el pasado miércoles, afectaba a medio millón de procedimientos y apenas se han revisado el 20%. La mayor parte de los casos de corrupción y otros criminales quedarán impunes. El Consejo fiscal pide que se adopten medidas adecuadas para corregir esta situación. Piden incluso paralizar la Ley.
Además de esta indecente actitud de tolerancia con la corrupción, en muchas conversaciones publicadas entre políticos y empresarios se aprecia un uso soez del lenguaje y una especie de amistad mafiosa que nos dice que detrás de las formas pulidas de muchos políticos hay una doble vida de lujo, prostitución y paraísos fiscales .
Pero a la vez la corrupción crea otros lenguajes políticos y jurídicos, más refinados y de carácter exculpatorio, que venimos padeciendo en relación con las tramas de corrupción organizadas que nuestros tribunales de Justicia, al incorporarlos, contribuyen a degradar y deslegitimar todavía más el régimen democrático, alejando a la ciudadanía de unos representantes cuyo lenguaje ya no es compartido. Como prueba de ese retorcimiento del lenguaje, citamos: esas "indemnizaciones en diferido" que encubren ilegalidades evidentes; en otros casos se victimizan: "somos los principales perjudicados" por la recaudación ilegal de fondos por parte de sus propios tesoreros; o esos "recibís" que se firman sin recibir nada; "causas generales" en que las convierten las concienzudas instrucciones que les incomodan; como las denuncias de Bárcenas, el que según la tesis oficial no podemos creer porque es un "presunto delincuente". Tratamiento que ya se aplica a Marjaliza. Estos indeseados políticos prefieren, pura y simplemente, echar balones fuera, diluyendo en el grupo sus responsabilidades políticas y penales en los escándalos de corrupción sin explicar nada. Sobre todo, en un año electoral en el que parece que "por fin" la corrupción sí importa y puede pasar factura.
Lo grave es que Rajoy, su gobierno y una parte considerable de los cargos del "PP" consideran que éste no mintió al Parlamento, por mucho que los ciudadanos creamos lo contrario. Como tampoco tengo duda de que Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato florecieron las tramas de corrupción, con el exvicepresidente en la cárcel (tramas que han continuado con su sucesor) considera que ella fue la que las descubrió y persiguió. Mientras van nombrado magistrados en tribunales clave para conocer e influir sobre sus decisiones. El Papa Francisco, dice a los suyos: "La hipocresía es el lenguaje de la corrupción. Los políticos deben hablarnos con claridad y honestidad, para evitar que el debate público acabe degenerando en una conversación de mafiosos."
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