Vivimos sin reflexiones éticas a la hora del voto, con una corrupción masiva, organizada desde dentro de un partido que ha gobernado y gobierna la España democrática. Desde sus espacios de poder ha esquilmado el erario público de manera sistematizada, desprestigiado las instituciones encargadas de su control. A la vez que han emprendido y planeado, con aires de cruzada, exigencias éticas a sus adversarios políticos, en un proceso tóxico, evidentemente antisocial, para conseguir el voto de los ciudadanos, alardeando en los medios de comunicación públicos y privados, con diseñadas campañas en las que se autoproclaman adalides de la honradez. Parece que todo funciona. Aunque ha tenido mucho que ver, hasta ahora, la enorme falta de visión de las izquierdas. Quizás es cierto que los pueblos merecen lo que eligen.
Ahora con más evidencia pública, quizá por estar en minoría, buscan a toda costa la total impunidad alterando la justicia y practicando la "omertá" cuando son cazados. Parecen agruparse tras una singular "conjura por la impunidad".
El 6 de diciembre de 2015 entraba en vigor la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (lecrim), contra el criterio del resto del Parlamento y de la mayor parte de jueces, fiscales y abogados. Entonces el "PP" tenían mayoría absoluta. La reforma abandonó las reglas de conectividad, para crear causas separadas; el imputado pasó a ser investigado; quedó en total ambigüedad el delito informático; la calificación podía limitar el plazo de instrucción a seis meses y quedar impune. La Abogacía señaló que los nuevos plazos de instrucción de las causas penales, marcados en la reciente reforma de la "lecrim", pueden resultar de imposible cumplimiento.
Ya disponen de mayoría absoluta conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, incluido su presidente, Carlos Lesmes, que es a su vez presidente del Tribunal Supremo. Situación que les ha permitido que la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), encargados de investigar y juzgar a los gobernantes y parlamentarios autonómicos, tengan al frente a magistrados conservadores durante los próximos años. El caso más reciente ha sido el nombramiento para la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel (Concha para Cospedal), sustituyendo a Grande Marlaska. Prácticamente controlan casi todos los tribunales que pueden tener interés para conseguir su impunidad. Aunque aún quedan muchos jueces, fiscales y abogados que cumplen con su deber.
En las últimas semanas hemos asistido a conversaciones grabadas, chivatazos a presuntos delincuentes y organizaciones criminales que han dejado al descubierto situaciones inexplicables para un Secretario de Estado del Ministerio del Interior, para el ministro de Justicia, para el Fiscal General del Estado y el Fiscal Anticorrupción. El gobierno disculpó, apoyó y mantuvo su confianza en todos, sin dar explicaciones. Únicamente gracias a las investigaciones de Infolibre y al Consejo Fiscal se ha forzado a dimitir al Fiscal Anticorrupción, contra el criterio expreso del Fiscal General. Los demás han hecho piña, considerándolo un modelo de ética. Recordemos la dimisión del ministro socialista Fernández Bermejo que por coincidir en una cacería con el juez Baltasar Garzón que investigaba una causa de corrupción contra el "PP", hoy claramente fundada, hubo insultos al ministro, descalificaciones, campañas informativas, hasta que dimitió. No hay más dimisiones. Esperemos.
El tribunal de Gürtel impone a Rajoy testificar en persona sobre la caja B. Pudiera resultar que gran parte de los triunfos electorales del "PP" se han financiados ilegalmente. El pasado miércoles se aprobaron los presupuestos y la corrupción sigue.
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