El actual problema catalán comenzó con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 (acordado entre Zapatero y Mas), y refrendado por los catalanes el 18 de junio de ese año. Sentencia que fue pública el 28 de junio de 2010, cuatro años después de ser presentado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular sobre 114 de los 223 artículos de que constaba. Después de la victoria electoral de Rajoy, a finales de 2011, Artur Mas apoyaría los recortes y los aplicaría en Cataluña con la máxima dureza, así como la Reforma del Mercado de Trabajo y otras políticas. En esos tiempos, Mas opinaba que el independentismo era algo de otro tiempo, entonces la corrupción no había mostrado su verdadera cara.
Puigdemont sucedió a Mas, ya independentista, en enero de 2016. De inmediato eligió un equipo a su medida para la aceleración del proceso. En su frenética carrera, pese a los informes negativos, se saltó el Estado de Derecho que él representaba y al que había prometido o jurado fidelidad, provocando un auténtico tsunami en Cataluña, llevándose por delante la verdad y la razón, buscando únicamente estrategias que le llevaran al éxito a cualquier precio. Mientras éste llegaba, iba extendiendose la vieja idea de que "el que no está conmigo está contra mí", creando divisiones personales que han llegado hasta el interior de las familias. Aclarar también que lo que salió del 1-O no es, ni puede ser, un referéndum con resultados que legitimen decisión alguna.
Pese a esas abundantes razones, la contundente movilización de buena parte de la sociedad catalana, que quiere votar para decidir cómo se relacionan con el resto del Estado, tiene un valor político evidente que supondría un error ignorarlo. Se ha creado por los independentistas una realidad social basada en una acertada estrategia de movilización continuada que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una adecuada solución política, con el acuerdo de ambas partes. Las armas judiciales con las que Rajoy está respondiendo al desafío separatista son insuficientes y es necesario que entre pronto en la acción política para diseñar una estrategia basada en el diálogo. Algo que el Europarlamento ha recordado antes de que se reuniera el parlamento español.
Hay que tener en cuenta la reacción del capital, enormemente desfavorable para los intereses económicos de España y muy especialmente en Cataluña. En un momento muy delicado para todos. Los movimientos de grandes empresas y de dos bancos tan representativos con Sabadell y Caixabank son una muestra. Recordemos también que para ser independiente es imprescindible el reconocimiento de los demás y hoy es necesario saber que todos los países de su entrono, incluso el Vaticano, no lo reconocerían. La sencillez para alcanzar el paraíso independentista no es como decían.
También creo que aplicar el artículo 155 de la Constitución no debe hacerse en este momento. No sólo por las dificultades de su aplicación, sino porque si el gobierno de España decreta elecciones anticipadas en Cataluña, la decisión podría favorecer a los independentistas y ser consideradas como un nuevo referéndum. Sería otro gran error que Puigdemont declarara unilateralmente la independencia. Abriría la caja de Pandora.
Es cierto que hablar de diálogo en estos momentos puede parecer una empresa imposible. Pero el ambiente del pueblo y de muchos intelectuales en Cataluña y en el resto de España está cambiando deprisa para lograr el acercamiento. Para hacer posible ese diálogo que permitiera un acuerdo para una nueva y larga convivencia, sería necesaria una tregua, parando la actual vorágine de decisiones que hoy nos atenazan.
Pensemos que el problema de Cataluña no se resolverá de manera duradera sin un pacto refrendado. Si hay vencedores y vencidos el problema Catalán seguirá.
Muy sensato...
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