Como cada 6 de diciembre, España ha celebrado el día de la Constitución. Esta vez se cumplen 39 años de la ratificación de la Carta Magna como el instrumento legal que enmarca y garantiza la convivencia democrática. En los casi cuatro decenios transcurridos desde su promulgación se han podido constatar, entre otros, dos hechos. El primero es que la Constitución ha rendido un excelente servicio a España, propiciando una etapa de progreso sin parangón. El segundo es que el tiempo no pasa en balde, que las circunstancias y experiencias actuales son muy distintas de las de 1978 y, por consiguiente, que la Constitución precisa de una reforma, por supuesto, consensuada.
Recordemos además, que durante el debate constitucional aparecieron conflictos de todo tipo, especialmente alrededor del TITULO VIII. El constitucionalista Francisco Rubio Clemente dijo de este apartado: “se trata de una concepción en cierto sentido provisional, que no incluye, ni para recogerla ni para rechazarla, la visión catalana y vasca". En este extremo fundamental, nuestra Constitución sigue estando abierta e inconclusa. Ahora necesita además otros cambios importantes, que deben incluirse, tales como: sistema electoral, integración europea, sucesión de la Corona y derechos sociales, dando prioridad a la organización territorial, donde es necesario clarificar el reparto de competencias para evitar la conflictividad actual. Mencionar también que El Senado pide una renovación sustancial para reducir los conflictos jurisdiccionales.
Es cierto que el actual protagonismo excesivo de Cataluña puede hacer pensar que la reforma que se intenta, pretende únicamente el encaje de esta autonomía en España. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el problema catalán es importante pero es una parte más del mosaico formado por 17 piezas que es necesario encajar para completar el cuadro de lo que debe ser un Estado Federal. Como apunta el profesor Francesc de Carreras: "La reforma podría consistir en establecer en el texto constitucional el listado de las competencias estatales —el mismo de ahora, pero revisado a la luz de la experiencia— y asignar a las comunidades todas las restantes, estableciendo así una clara igualdad entre ellas". Aunque evidentemente podrían buscarse otros muchos modelos.
Sin duda, el consenso no puede ser una condición para iniciar el procedimiento, sino un resultado que sólo puede forjarse de manera progresiva y laboriosa. Se puede matizar que debe haber un acuerdo inicial de mínimos sobre el alcance de los cambios (el "perímetro de la reforma") y el procedimiento, incluido el ritmo y los tiempos. Pero también se debe confiar en que el procedimiento parlamentario sirva para generar acuerdos sobre las soluciones. Se necesita por ello una reflexión abierta y plural acerca de para qué debe servir la reforma, dejando simplemente apuntadas algunas de las alternativas, que habría que valorar con mayor detalle en un momento posterior.
No es un secreto que Gobierno y PP han llegado a la comisión para la "Evaluación y Modernización del Estado Autonómico" con pocas ganas de abordar una reforma de la Constitución, tal y como pretende el PSOE. De hecho, la idea de los populares es sustituir esa hipotética federalización de la Carta Magna por pulir, retocar o corregir algunas leyes orgánicas que desarrollan preceptos constitucionales, según han indicado fuentes del Grupo Parlamentario del PP. Pese a esta negatividad lo importante es que empiecen los intercambios de opinión y se contrasten soluciones e informes, para fijar una agenda de temas a tratar. Sin duda una tarea muy difícil.
Mi sentido pésame a su familia y a España por el fallecimiento de Manuel Marín: gran persona, hombre culto, honesto socialista y extraordinario europeísta.
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