domingo, 3 de diciembre de 2017

DAÑOS COLATERALES DEL "PROCÉS"

    Cuando hablamos de daños colaterales nos referimos a los daños que se pueden causar de manera voluntaria o accidental a partir de una actuación que está dirigida a generar otros resultados, se incluye especialmente "ocultar información". Veamos:
    Destaca, hasta ahora oculto, que la crisis social es el mayor problema que tiene Cataluña y que no convenía mostrar. Entre 2009 y 2016 la renta media de los hogares catalanes bajó un 5,2%, una responsabilidad de los recortes de Rajoy y del fervor de su aplicación por Artur Mas. En 2016 el 53% de los parados llevaban buscando trabajo durante un año o más, siendo Catalunya uno de los espacios de la UE que tiene el porcentaje mayor de este tipo de parados. Tal porcentaje era sólo del 16% en 2011. Y para más "inri", el 71% los trabajadores en paro no recibían ninguna prestación en 2016. El "procés" extendió la falsa idea de que con su llegada se solucionaría la brecha social. 
   La realidad ha sido que la llegada de Puigdemont supuso que el tiempo, las estrategias y los recursos de la administración se pusieran al servicio exclusivo de la causa separatista. Destacar, como no buscado por el "procés", que la aplicación del 155, supondría la eliminación del gasto en embajadas y otras fruslerías, la posible devolución a Aragón de las obras de arte que eran suyas y muy especialmente la división de los promotores del independentismo, donde Puigdemont se autoproclama mártir y Junqueras, más realista, empieza a separarse de la unilateralidad y busca nuevos socios. 
    La corrupción, mal de toda España, se ha envuelto, con demasiada frecuencia, en la bandera catalana y en la independentista y censurada la información del tema. Hoy se oyen menos el caso de los Puyol, el caso 3%, el caso Palau, el caso ITV, el caso Innova e incluso el caso Agissa que tiene imputados a siete altos cargos del Ayuntamiento de Girona cuando Puigdemont era su Alcalde. 
    En el resto de España, el "procés" también ha sido una sordina para el "PP": 
   El Congreso ha disminuido la actividad, y los compromisos del gobierno pudieran pasar a mejor vida. Aquí incluimos el incumplimiento con Pedro Sánchez por el que el "PP" apoyaría la reforma de la Constitución a cambio del apoyo del PSOE a la aplicación de artículo 155. Pese a todo, la corrupción se publica:
   Los accesos a Madrid gestionados por Gallardón, con un  presupuesto de 500 millones de €, en realidad van a costar 3.000 millones, que pagaremos todos.
   Ha sido recurrido el archivo del caso Cospedal, por el pago de 200.000 € de Sufí (filial de Sacyr) para financiar su campaña de 2007. El administrador del "PP" de Castilla-La Mancha reconoció su firma en el recibí y dijo que no recibió nada.
   La fiscalía del caso Lezo pide imputar a Gallardón y Aguirre.
   Es imputado, por la jueza Sobremonte, Francisco Camps por "la Formula 1".
   El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a pagar los medicamentos más caros a cambio de la ayuda financiera que recibirán por la crisis. El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de las grandes farmacéuticas. Además una de las grandes prioridades de los laboratorios consiste en bloquear a toda cosa la alternativa de los medicamentos genéricos. La opacidad marcará el mecanismo por el que la industria farmacéutica fija los precios.
   El "PP" premia con una subida de sueldo al senador señalado en La Púnica.
   La Audiencia blinda al "PP" en la investigación de la caja "B" de la Gürtell, al cambiar al tribunal que juzgaba la causa y denegar al Congreso informes policiales...

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