Un país no puede existir sólo porque lo diga su Constitución. La nación es previa a la Constitución y ésta se limita a legitimar aquella. Pero a su vez, ésta debe ser cuidada como algo vivo, actual y útil. Cuando se convierte en algo meramente declarativo, sin vigencia social y sin eficacia normativa, es necesario su cambio, actualizando sus compromisos, generando nueva ilusión, a la vez que recupera la utilidad y la vigencia de la nación a la que sirve. La Constitución del 78 ha dado enormes servicios al país y debe ser el punto de partida para iniciar una reforma que mire a un nuevo futuro al que apunta claramente la nueva revolución industrial, social y política que estamos viviendo quizás, y ahí está lo grave, sin ver sus consecuencias.
Pero reformar una Constitución no es una tarea que pueda hacerse con prisa y saltándose informes y debates, es necesaria una buena voluntad para que quepan todos sin vencedores ni vencidos. No podemos seguir manteniendo la ficción de que todos los poderes territoriales de España son leales a la Constitución, porque no es verdad. Es preciso revisar nuestro ordenamiento jurídico para garantizar que este principio básico para cualquier sociedad democrática sea políticamente efectivo. No podemos seguir así.
Estamos asistiendo, sin valorarlo, al vaciamiento creciente de la fórmula básica que afecta a todo su contenido: "El Estado social y democrático de derecho", establecido como primacía en la Constitución de 1978. Párrafo violado por los sucesivos recortes laborales y sociales, así como en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Pero también de libertades básicas, como la conocida por “ley mordaza” o la que afecta al Código Penal, así como con las leyes de recentralización política y presupuestaria de un Estado autonómico, fallando incluso en la necesaria separación de poderes de la que debe partir toda constitución democrática. En resumen, la Constitución de 1978 ya no funciona realmente como Ley Fundamental del Estado.
Es evidente que las elecciones generales del 26 de junio de 2016 establecieron una relación de fuerzas parlamentaria que no permite pensar en que existan condiciones para llamar a la apertura de un proceso constituyente, si bien tampoco parece que vaya a ser fácil un consenso interpartidario a favor de abrir el camino de la Reforma constitucional. Nos encontramos en una situación de incertidumbre y de crisis de gobernabilidad que finalmente ha podido resolverse con la formación de un gobierno del PP en minoría gracias al apoyo de Ciudadanos y a la abstención del PSOE, pero sin que por ello se haya conseguido la estabilidad política y parlamentaria que permita pensar que es posible, con el actual comportamiento de los partidos, un debate sereno para lograr un acuerdo constitucional equilibrado.
Además el secesionismo nos ha privado de la paz social, de la convivencia tranquila y del futuro, pero todo eso ha sido posible en un contexto de desistimiento y de retracción de quienes debían evitarlo. La sociedad no ha encontrado en el PP un partido y un Gobierno capaz de hacer frente a las responsabilidades capitales que le correspondían. La sociedad se ha sentido abandonada, por ello y en consecuencia ha sido abandonado por las urnas. Por último: las sucesivas corrupciones, la impunidad, los discrecionales indultos del gobierno, los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional y de los Fiscales Anticorrupción... han desprestigiado la justicia y la política ante los ciudadanos.
Quiero creer que este país es capaz de sorprender a propios y extraños en los momentos más difíciles de su larga historia. A nuestro pueblo le corresponderá elegir, en las próximas elecciones, a gente honrada, preparada y que sepa escuchar. Esperemos.
Incansable labor, 300 artículos.
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