Hace unos días, El País confirmaba que Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y algunos ministros llamaron a miembros del Tribunal Constitucional para "trasladarles lo grave que sería investir a Puigdemont". La separación de poderes ideada por Montesquieu como imprescindible en toda democracia, dejaba de existir y apenas nadie se inmutó. El gobierno de Rajoy había decidido que nuestra "consolidada democracia" no necesitaba el uso de la política para solucionar los problemas políticos. La justicia, bajo su influencia, debería hacerlo. Y así sigue siendo en el tratamiento dado al problema catalán en los últimos años, pese a la facilidades para tratar una solución política ofrecidas por el primer partido de la oposición. Añadir que el Tribunal Constitucional dejó de ser un órgano exclusivamente consultivo desde 2015, cuando el PP le otorgó, con su mayoría absoluta, poder sancionador y puso al frente al magistrado Pérez de los Cobos, el mismo al que quiso colocar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sin duda el gobierno piensa como Maquiavelo que el fin justifica los medios. Aunque no ha podido evitar un cierto desprestigio externo.
Cuando mayor era la angustia por el problema catalán, la Fiscalía, en pleno juicio Gürtell, pidió que se aplicara la doctrina Botín, para decir que no veía delito en el borrado de los ordenadores y no se imputara a la actual Secretaria General, al técnico de los ordenadores ni al abogado. Recordemos que, unos días antes, se nombraron jueces en el TS, entre ellos al número dos de Gallardón y a un ex senador del PP.
Sería injusto no reconocer que la aplicación del 155 ha supuesto, aparentemente, una visión distinta al problema de Cataluña y últimamente también gracias al descubrimiento de los "email" por periodistas del programa de "Ana Rosa", a los que hay que agradecer mucho de lo conseguido. Ahora sabemos la diferencia de ambiciones y las estrategias que existen entre los independentistas. Aunque sólo unas cuantas horas después Junqueras planeara combinar una Presidencia de la Generalitat simbólica y otra efectiva. Por su parte, el presidente del Parlament cree que la investidura de Puigdemont se hará para formar gobierno. A su vez Puigdemont añadiría, desde Bruselas, que lo publicado es cierto pero que él sigue siendo el President. Ningún independentista quiere ser responsable de su caída, ni de nuevas elecciones. Veremos cómo se resuelve la crisis por el poder, con Puigdemont estable en Waterloo. De actuaciones políticas ni se habla.
En medio de este barullo, en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Báñez ha explicado que, por primera vez desde 2008, los ingresos por cotizaciones crecen a un ritmo del 5,3%, una tasa superior al 3% que aumenta el gasto. Báñez también ha asegurado que desde 2012 los pensionistas no han perdido poder adquisitivo sino que han ganado el 0,02%, teniendo en cuenta la inflación media anual hasta el 2017 y ha valorado que las pensiones hayan subido todos los años después de que el gobierno de Mariano Rajoy decidiera acabar con la congelación de 2011 y que no hay peligro para las pensiones. Medias verdades escogidas que son mentiras flagrantes.
Por último, el pasado jueves infoLibre publicó un manuscrito de tres folios que el político Ignacio González escribió en 2012 sobre su ático de Estepona, incautado por la Guardia Civil en los registros de Lezo. La información, de la periodista Alicia Gutiérrez, analiza el contenido de esas cuartillas y deja bien claro que Cospedal, quien en aquellas fechas presidía la Junta de Castilla-La Mancha, participaba de las conspiraciones de las cloacas de Interior que destapó Público al difundir las grabaciones secretas en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Habrá que contrastar, y en caso positivo, completar la noticia más adelante.
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