Nuestra Constitución, aún vigente, es de las más abiertas, considerando el pluralismo político como el valor superior de su ordenamiento. Pese a ello se viene utilizando, con demasiada frecuencia, para condenar, eliminar o limitar al adversario político e incluso se da a unos votos mayor valor democrático que a otros. Si a eso le unimos el empleo de adjetivos malsonantes y personales y la ausencia de diálogo para encontrar soluciones razonadas y compartidas que arreglen problemas, llegaremos a la conclusión de que los debates parlamentarios son poco útiles para la solución de los muchos problemas que tiene España. Veamos algunos ejemplos.
Sobre la moción de censura de Sánchez, Rajoy llamó ilegítimo su triunfo y toda la oposición afirmó, para justificar esa ilegitimidad, que el triunfo lo había conseguido con los votos de nacionalistas, golpistas y terroristas. Insultos y mentiras, acompañadas de un tono despectivo que indicaba que para la oposición los votos de unos diputados eran mejores que los de otros. A la vez que les llamaban grupo inconstitucional. Sin embargo, sí consideran legítimo y constitucional gobernar con el voto de VOX, aunque pueda constituir, a la larga, un problema político. Deberíamos pensar, mirando la Carta Magna, que ambos gobiernos son igualmente legítimos y constitucionales.
En estos últimos meses, "PP" y Cs han empleado reiteradamente, como única solución para Cataluña, la aplicación de artº. 155, sin conocer si ahora se cumplen o no los requisitos constitucionales. El artículo 155 solamente puede aplicarse cuando la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España y no puede basarse exclusivamente en las disparatadas opiniones de Torra. Ejemplo sería la proclamación solemne de la independencia, desde la tribuna del Parlament, como resultado de una votación ilegal. Ahora no se da esa ni parecida situación. Por otro lado, el retornado salvapatrias, José María Aznar, reclama una intervención "total" y "sin límite de tiempo" en Catalunya, situándose así en la inconstitucionalidad. Recordemos que la Constitución establece que: "toda suspensión que afecte a los principios constitucionales, a los derechos o las libertades fundamentales, debe definir sus límites materiales y temporales con precisión; de lo contrario resultará manifiestamente anticonstitucional". Reconocer que algún dirigente socialista y de otras formaciones piden declarar fuera de la ley a los partidos nacionalistas, cosa que sería también inconstitucional. Como tampoco puede hacerse con VOX. Aunque no sea un simple partido reformista como dice Aznar. Renunciar, de entrada, a cualquier forma de diálogo para solucionar un problema político por parte de un gobierno democrático, supondría una clara dejación de sus funciones fundamentales y democráticas.
Como dice Habermans: "Si no tenemos el diálogo, en las democracias, para resolver conflictos... ¿que nos queda?".
Desde el plano informativo, el foco de esta pasada semana ha sido el Consejo de Ministros en Barcelona y la reunión previa de Sánchez y Torra. Las enormes variaciones de opinión de Torras impiden hacer pronósticos de futuro. Sí se ha producido ya: el abandono de la huelga de hambre de los Jordi; la aprobación en el Congreso del Techo de Gasto de los PGE; la eliminación de la escena política de Puigdemont; los Mossos han cumplido con sus obligaciones y los empresarios catalanes están contentos con el diálogo iniciado... hasta ahora todo parece positivo. Esperemos que el diálogo continúe y que "PP" y Cs recuerden que la aplicación del 155 fue apoyada por Sánchez, dejando muy claro que no apoyaba la falta de diálogo de Rajoy.
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