Esta especie de juego de palabras nos está indicando el empobrecimiento de nuestra democracia. Dos poderes que requieren independencia como contrapesos fundamentales para el adecuado funcionamiento de la democracia. En estos momentos, está siendo sometida a unas interferencias que no garantizan la necesaria independencia de la justicia ni tampoco el control de la política. Politizar la justicia supone que los jueces razonen sus sentencias influidos por criterios políticos y no solo judiciales. Judicializar la política supone que los jueces tomen posiciones públicas que pertenecen al debate político. Ambas posiciones son igualmente graves, lo saludable es un sistema de pesos y contrapesos que independicen la relación entre esos poderes. Sin poner en duda que ambos deben respetar y hacer que se respete la Constitución.
Resulta extrañamente curioso que Pablo Casado haya afirmado de manera pública y rotunda que va a judicializar la política, como su principal tarea opositora, con ello desmerece la política y crea sospechas sobre el uso de la justicia, como veremos.
Después de oír a Casado, justificando su presencia el pasado lunes en la Moncloa, diciendo que era exclusivamente por respeto institucional, fue fácil llegar a la conclusión de que no llegaría a acuerdo alguno, pese a que entre los asuntos a tratar estuvieran la situación en Cataluña, la economía y la renovación de una decena de órganos pendientes, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que como sabemos hace ya más de un año que debería haber sido reformado y que sigue el mismo que seleccionó Rajoy, claro está con mayoría del "PP" y al que llamó Casado para influir y negar el nombramiento de la propuesta del Gobierno como Fiscala General del Estado, cosa que no consiguió al hacerse pública y ser mal visto por algunos de los notables del "PP", que consideraban imprescindible la independencia de la justicia. Ahora Casado vuelve por sus fueros y se opone a su renovación. Además están pendientes de renovación: los vocales de la Junta Electoral Central (JEC); ocho magistrados del Tribunal Supremo (TS), que se renueva con cada legislatura, concretamente dentro de los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes; la renovación de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, vacante desde junio de 2017; la renovación del Consejo de Administración de RTVE y del Defensor del Pueblo; el Tribunal de Cuentas (TC); así como el Fondo de Reestructuración y ordenación Bancaria (FROB) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)... Instituciones que nombró el "PP" en plena corrupción y que las desprestigió ante la Opinión Pública. Además de haber prolongado más del tiempo fijado en cada mandato. Una situación indeseable a la que se aferra para seguir haciendo trampas. Temas que, como Cataluña y la Economía, no interesa a Casado que mejoren, aunque todos ellos sean muy importantes para España.
El "PP" de Casado no ha tomado conciencia de que vivimos un nuevo tiempo y que su política de trincheras y abandono del centro están llevando su partido a mínimos. Las encuestas nacionales y específicamente las de las autonomías que gobiernan no le dan buenos resultados y en Galicia y País Vasco no obedecen, por no contar con sus líderes.
Por último, "si el problema que plantea el nacionalismo catalán tiene soluciones que necesitarían consenso, las condiciones políticas para acometer ese camino en estos momentos no solo no existen sino que ni vislumbramos cuándo pueden existir", ya lamentó, el recientemente fallecido intelectual Santos Juliá (historiador y sociólogo español), quién también ha recordado los duros enfrentamientos dialécticos entre José María Aznar y Felipe González, asegurando que "nunca ha habido un odio como el que se aprecia ahora". Ese odio de Casado, está situando al "PP" fuera de la realidad.
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