El pasado miércoles, el ministro de Justicia anunció que antes de una semana el Gobierno iniciará la tramitación de las peticiones de indulto de los líderes del Procés condenados. Por el momento sólo hay dos peticiones. La Consellera de Trabajo, y la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los demás condenados no lo han pedido. Quieren la amnistía. La esperarán en vano. Lo anunciado por el ministro es irreprochable. El anuncio del ministro desató las iras de la oposición. “El Gobierno se baja los pantalones”, dijeron, “para conseguir el apoyo de los independentistas en el Presupuesto”. Olvidan que toda petición de indulto se tiene que tramitar y que la tramitación corresponde al ministro de Justicia. Otro tema en la misma línea anterior, añadió el ministro, el Gobierno tiene previsto modificar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición. Esta modificación puede beneficiar a los condenados y facilitar su salida de prisión, pero es igualmente irreprochable. Su actual texto tiene 144 años, en un tiempo histórico (1868) cargado de levantamientos revolucionarios, además de ser una extravagancia en Europa, como hemos comprobado con amargos revolcones.
El ministro Campo también se ha referido a la ausencia del rey en Barcelona en el comienzo del año judicial con estas palabras: “Creo que tenemos que dar normalidad a las cosas y que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger la instituciones y, sin duda, la monarquía lo es”, ha señalado y ha pedido no sobredimensionar las cosas. A continuación ha manifestado que el compromiso del rey con la Justicia es “tan fuerte” y está “tan anclado en la mente e imaginario de los ciudadanos” que “no pasa nada, ni hay ruptura de nada”. Pero veamos circunstancias que pueden explicarlo.
Sabemos que Casado en las reuniones con el Presidente del Gobierno no ha querido cumplir el mandato de la Constitución sobre el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, según el reparto de escaños en el Congreso y que debería haberse reformado hace ya dos años. La permanencia del máximo órgano de los jueces ha servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos. En 1995, la Sala de lo Penal del Supremo, la que sentencia sobre los casos de corrupción, estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas, sin que se corresponda con una distribución de escaños, con mayoría del PSOE. Quizás este año no sea el más brillante en la independencia de la justicia, ni para celebrar a bombo y platillo el año judicial.
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, opinaba en elDiario.es el 24/9/2020, al ser entrevistado por Ignacio Escolar: "Cuando el mandato del CGPJ caduca, pasa a estar en funciones y eso significa que carece de legitimidad democrática, porque depende de otras Cortes nuevas", añade que el bloqueo y la no renovación es algo "manifiestamente anticonstitucional". Ha recordado que el nombramiento de "presidentes y magistrados" en la Justicia es "una atribución tan importante", que la propia ley orgánica del poder judicial exige que estos nombramientos se hagan mediante un real decreto que tienen que ser firmados por el rey y refrendados por el ministro de Justicia, señalando: "El Gobierno no solo puede, sino que debe establecer un criterio general que señale que los nombramientos que emanen de un Consejo caduco no se refrenden por el ministerio de Justicia", añadiendo: "Si no hay renovación, no hay refrendo". Ha dejado claro que España es el único país de la UE que no ha reformado su constitución nunca y ve esto como "un problema tremendo" porque desgasta la legitimidad del texto. Casado debería dar alguna explicación razonada y sin insultar.
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