Con un programa tan social y denso como el que ha planteado el Gobierno de Coalición, resulta inevitable una legislación urgente para llevar adelante el programa previsto. Además, las circunstancias obligan a una crisis de gobierno, para bien.
El Presidente plantea, para resolver la crisis, mover cuatro departamentos, aprovechando los cambios a los que se puede ver obligado si sus apuestas salen como prevé: la portavocía, Industria, Ciencia e Innovación y la ya conocida de Sanidad. También, desde Moncloa, se piensa en varios nombres que a su condición de ministros, sumarán tareas en instituciones internacionales. Por último, Moncloa considera que le conviene el discurso del ahorro institucional y si el ministro Duque acaba saliendo a la ESA, su departamento podría volver a refundirse con Universidades de Manuel Castell. Por último, el Presidente ha manifestado: "En caso de reestructuración del Gobierno durante la legislatura, se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso en el conjunto del Gobierno en los términos acordados al inicio de la coalición". Debería insistir sobre lo que ya dijo la Vicepresidenta Primera: "Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas".
En cuanto a la actividad del Congreso, hasta ahora bastante importante con casi medio centenar de iniciativas, destacamos la Ley de Educación, la de la Eutanasia y la Ley de los PGE. La actual tarea tiene a su favor el mantenimiento de la mayoría de la Moción de Censura, que esperemos que siga funcionando, pese a las elecciones del 14 de Febrero en Cataluña. En esta tarea, solo podemos conocer las iniciativas para el mes de Enero, pues la evolución de la pandemia y de la vacunación nos hace ser prudentes. El Ejecutivo quiere remitir al Senado al menos cuatro leyes: ley de cambio climático y transición energética; la de infancia, dos propuestas legislativas muy ambiciosas, la ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de covid-19, aprobada en marzo como Real Decreto Ley, y la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La parte jurídica se refiere de manera exclusiva al frente judicial que complica los planes de Pablo Casado para 2021 y veremos que no es ajeno a su posición intransigente ante cualquier negociación sobre el CGPJ. Se garantiza que la crispación seguirá en las Cortes.
Los próximos meses serán un recorrido judicial por la historia corrupta del "PP" durante los últimos doce años, iniciada con el caso Gürtell, que celebrará el próximo 8 de febrero el juicio de la pieza conocida como caja B, y siguen vivos: el caso Púnica, el espionaje a Bárcenas; el caso Boadilla sobre adjudicación de terrenos; la fiscalía y la abogacía del Estado consideran al "PP" responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a sus tesoreros; el caso Arganda del Rey; el viaje del Papa a Valencia; los contratos del Gobierno de Francisco Camps, Esperanza Aguirre y los contratos del Campus de la Justicia en Madrid... Con tal curriculum, Pablo Casado deberá defenderse, en función de su posición en el "PP" en ese tiempo y pese a todo seguirá insistiendo en obstaculizar la renovación del CGPJ. En política, desentenderse de los mandatos legales no es propio de un constitucionalista como él. Como bien sabe el presidente del PP, este órgano cuenta actualmente con presencia mayoritaria de vocales del ala conservadora, que han seguido nombrando jueces, incluso del Supremo. Sin duda el año 2021 no será el deseado por el actual Presidente del "PP". También Trump, su líder, ha caído.
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