El artículo 122 del Código Penal dice: “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”. Es realmente una condena civil en el marco de un proceso penal. Después de cinco años y medio, el Juez Ruz ha concluido la primera parte de su investigación sobre el caso Gürtel. El auto que establece la figura del “partícipe” ha hecho caer al mayor alto cargo desde su inicio. Ana Mato debió dimitir antes: cuando se conoció el caso en su inicio y dio insólitas respuestas; cuando gestionó el ébola, y por sus incumplimientos en las soluciones a la “hepatitis C”. En su tiempo los inmigrantes irregulares perdieron la cobertura sanitaria, rompió la Ley de Dependencia y desprestigió la Sanidad con privatizaciones, recortes y copagos. Pese a todo, Rajoy no la hubiera relevado sin la coincidencia del auto con el Pleno del 27, y la posibilidad de convencer a la oposición. Al final ésta le ha dicho que se marche pues, como presidente del “PP”, le es aplicable el art. 122 como a su ministra.
El día anterior al Pleno, las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con Rights International Spain, han remitido un escrito a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, solicitando interpele al Gobierno español. Denuncian: “la presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción, a través de descalificaciones vertidas en medios de comunicación por autoridades y miembros del ejecutivo”; “Pretender influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta” y que aquellos jueces “señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían sufrir efectos disciplinarios”. Una clara llamada sobre las dificultades para ejercer la independencia judicial, sin la cual las medidas que se tomen pueden ser perfectamente burladas desde el gobierno.
Los días 24 y 25 de esta misma semana, el juez Ruz, deja al píe de los caballos al “PP” de Toledo por la adjudicación de basuras por 6,13 millones de € y el sobrecoste hasta los 11,4 millones, después de lo declarado por el Interventor del Ayuntamiento y los trabajadores de Sufi (filial de Sacyr), acercándose a la posible imputación de Vicente Tirado, presidente del Parlamento de Castilla la Mancha y entonces coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo, que aparece como conseguidor de los 200.000 € para la campaña de Cospedal, que no aparecen. Recordemos que el gerente del “PP” de CLM ya está imputado. El cerco a la actual secretaria general se estrecha cada vez más.
Después de las malas noticias previas y con un 85% de españoles que no confían en Rajoy, poco podíamos esperar del Pleno. Todos los diputados sabían que no representan la nueva realidad del país y ya trabajan para un futuro distinto. Por otro lado, el Plan de Regeneración Democrática es, con ligeras variaciones, el presentado por el gobierno en septiembre de 2013, del que nada ha hecho. De las medidas anunciadas sólo hay tiempo para ejecutar, en el mejor de los casos, dos de ellas. Para nada contó con los imprescindibles valores éticos para liderar el proceso, por eso cuando le recordaron que carecía de la fuerza moral para liderar la regeneración, perdió los estribos y volvió al negativo “y tú más”, pese a su compromiso de no hacerlo. Después de perder el sitio, todo empezó a sonar como un nuevo engaño para ganar tiempo electoral. Los españoles saben ahora con más certeza que Rajoy es el problema y no se van a callar.
La solución, para España y el “PP”, es adelantar las elecciones, pues las cada vez más evidentes divisiones internas y la crispación popular serán mayores a medida que nos acerquemos a las elecciones locales y regionales.
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