UNOS PRESUPUESTOS EN CLAVE ELECTORAL

    Tras seis meses de retraso, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó, el pasado 27, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, documento que iniciará una tramitación complicada debido a la falta de apoyos parlamentarios, especialmente por la posición del PNV. Cuenta ya con la aprobación de Cs, quien se atribuye en exclusiva los cambios sociales para justificar su apoyo. Presupuestos que pueden leerse en clave electoral, pues están inflados con enorme oportunismo político y con vistas al gran año electoral de 2019, cuando se celebrarán comicios autonómicos, locales y europeos que serán un primer y decisivo test para unas elecciones generales, salvo adelanto de éstas como evidentemente desea Cs pero, siguiendo la lógica de Rajoy, tantas veces rota, se debían celebrar en 2020, aunque bien pudiera adelantarlas.

   El aumento final se basa en la buena marcha de la economía (recordemos que los ingresos se inflan desde 2012, lo que ha hecho crónico el incumplimiento del déficit) que permitirá una recaudación histórica próxima a los 210.015 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado y superior, incluso, a las de los años previos a la crisis. Con ellos, el Ejecutivo deja claro que, pese a los numerosos problemas, la economía es su fuerte y en ella basará su apuesta para recuperar la confianza de los ciudadanos. Introduce, sin la aprobación del Pacto de Toledo, mejoras a los jubilados: un alza del 3% para las mínimas y no contributivas, del 1,5% para las que no llegan a 700 euro/mes y de un 1% para las inferiores a 860 euros. El resto crecerá un 0,25%. Plantea también deducciones fiscales para los que cobren entre 12.000 y 18.000 euros al año...  

   Ahora Rajoy, más experto en el retorcimiento del lenguaje, dirá, como ya dijo, que jamás bajará las pensiones, pues considera que no bajan aunque pierdan poder adquisitivo. Un discurso que no aprueban los actuales jubilados. Tampoco aclara la solución al déficit de 3.000 millones en la S.S. en Cataluña, ni presenta una planificación de futuro, que den credibilidad a la propuesta. Lo que, una vez más, constituye una auténtica propuesta oportunista sin soluciones de futuro, basadas en un pacto conjunto. Sólo su palabra, en un año con mayores probabilidades de no cumplirse los ingresos. Veremos si se aprueban y el posterior criterio de la UE.

   También propone aumento de los salarios de los empleados públicos y del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas, deducción de 1.000 euros anuales en el IRPF por gastos de guardería y de 1.200 euros por cónyuge con discapacidad o la reducción de la tributación para las rentas del trabajo de entre 14.000 y 18.000 euros. Incluso accede a rebajar el IVA del cine del 21% al 10%, una de las principales reivindicaciones del sector de la cultura. Respecto a la financiación autonómica, los PGE la aumentan en 4.244 millones de euros, un 4 % más, aunque la Junta de Andalucía dejó claro que no la consideraba suficiente. Sin contar lo que costarán los votos que faltan, que seguro superarán el aumento del gasto destinado a los jubilados.

   A cambio, el Gobierno reducirá en estos mismos presupuestos, por tercer año consecutivo, la proporción de Producto Interior Bruto (PIB) que destina a Sanidad, Educación y Protección Social. En los dos primeros casos el gasto caerá en dos décimas, con lo que la partida destinada a Educación pasa del 4% al 3,8% del PIB, y la de Sanidad se contraerá del 6% al 5,8%. De los porcentajes más bajos de la UE. Por su parte, desde una visión distinta, en la partida conjunta destinada a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre otros aspectos, la reducción será incluso mayor: pasará de recibir el 16,5% del PIB a quedarse en el 16,2%. ¡Curioso no! Dejar claro que pese a todas esas mejoras la "brecha social" seguirá aumentando.