En este último año, las numerosas voces políticas electas aún no han sido capaces de formar una base suficiente que pueda ofrecernos seguridad a los ciudadanos a los que, teóricamente, deben servir, solucionando sus problemas. Los nacionalistas de ERC, que se manifestaron contra la policitación de la justicia, a última hora supeditaban su negociación al informe jurídico de la Abogacía del Estado que les gustase, obligando con ello a romper la objetividad de la justicia. Menos mal que las declaraciones de Margarita Robles, que opina desde su conocimiento como jueza, que el gobierno no va a instrumentalizar la labor de los Abogados del Estado. El "tripartito patriótico" vuelve a utilizar la justicia para tomar decisiones sobre asuntos de su especial interés político y piden la inhabilitación inmediata de Torra. También pretenden en sus peroratas que el gobierno haga lo que ellos quieren, pues se consideran a sí mismos como exclusivos poseedores de la verdad política.
Quizás este desorden tenga su origen en que la justicia es la única base de su comportamiento y ya no distinguen entre legalidad y legitimidad. La diferencia entre legalidad y legitimidad ha sido una cuestión fundamental de la teoría política y el derecho: La ley es un conjunto de normas de conducta cuyo incumplimiento está sancionado con castigos. Resulta sencillo explicar lo que es legal, pero resulta más complicado explicar lo que es legitimidad. La moral y la ética no están siempre contenidas en lo legal. Todo se hace más difícil de entender cuando descubrimos que, en ocasiones, lo legal se opone a lo que sentimos como legítimo y entonces es necesario elegir. Aquí es cuando la decisión legítima, en la política, puede anteponerse a la legalidad, evitando, en lo posible, el choque, pues la política tiene en su importante arsenal, la capacidad para cambiar la ley y puede utilizar la moral y la ética, como razones para cambiar la Ley y adaptarla a una realidad mejor.
En el discurrir de cada día vemos muchos casos concretos en los que se produce el conflicto entre la ley y lo legítimo. Cuando la ley condena al desahucio a una persona por haber perdido su puesto de trabajo o recorta derechos laborales, podemos dudar que tal ley sea legítima; más, cuando los mismos que sostienen esas leyes indultan a banqueros y políticos corruptos, pero no a las familias que se ven condenadas a la miseria, pocas dudas nos caben sobre la legitimidad de tales leyes y gobernantes.
En la situación actual podríamos preguntarnos si es legítimo adjudicarse en exclusiva conceptos como patriota o constitucionalista y a su vez situarse como irresponsables ante la situación de facilitar o no el gobierno a Pedro Sánchez, que tiene la legalidad democrática y la legitimidad que recibió al ser el más votado. Como fondo habría que preguntarse también: ¿qué es lo que más conviene a España, un gobierno de Pedro Sánchez o una repetición de elecciones? Según Weber la ética de la responsabilidad es la única aplicable en el mundo de la política, pues la convicción, o ideología, tiene un elemento mesiánico que permite evadir responsabilidad para entender que la decisión debe inclinarse a beneficiar lo más importante, en este caso a España, y añade que en caso de conflicto político ningún partido puede declararse irresponsable. Caso que sólo se da en ideologías totalitarias y excluyentes.
Este año, el jefe del Estado se refirió al procedimiento constitucional previsto para que el Congreso otorgue o deniegue su confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno. Volvió a citarla, para decir que ha permitido compartir valores sobre los que fundamentar nuestra convivencia. De entre todos ellos destacó el deseo de concordia y la importancia del diálogo. Feliz 2020 y que gobierne P. Sánchez.
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